El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha instado hoy a la "reinstauración democrática y legal" en el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) "al no sostenerse un día más el incumplimiento de la ya vigente Ley Valenciana de Régimen Local que sitúa en la condición de 'no adscrito' a cualquier concejal o concejales de un grupo municipal expulsados o dados de baja del partido político por el que concurrieron a las elecciones". "Los tránsfugas de Benidorm están en la más absoluta ilegalidad", ha declarado el conseller.

Blasco ha puesto de relieve que el informe de la Comisión del Pacto Antitransfuguismo ratifica lo ya recogido en la Ley Valenciana de Régimen Local y, por lo tanto, que el Consell "tiene toda la razón en los recursos planteados ante los tribunales para anular los acuerdos adoptados por los tránsfugas mediante los cuales se hicieron con el poder".

En este sentido, ha recordado que la Generalitat presentó en mayo de este año un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Benidorm, en sesiones plenarias de fecha 2 y 26 de octubre de 2009, para proceder a la disolución del grupo municipal socialista ya que sus integrantes son concejales no adscritos así como la anulación de todos los derechos políticos y económicos de éstos.

A este respecto, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, desde cuyo departamento se ha decidido las acciones judiciales contra estos acuerdos del Ayuntamiento de Benidorm, ha señalado que "se trata de una flagrante violación de la legalidad vigente donde no hay acatamiento de la Ley, por lo que la Generalitat se ve en la obligación de hacer cumplir la legalidad vigente".

La Generalitat, por tanto, "impugna los acuerdos del Ayuntamiento de Benidorm en los que los tránsfugas se otorgan mayores retribuciones y más funciones políticas como la pertenencia a un mayor número de comisiones y, por lo tanto, mayores retribuciones vulnerando así el artículo 73 de la Ley de Bases de Régimen Local que prohíbe que los tránsfugas tengan mayores derechos políticos y económicos", ha apuntado.

En la misma línea, ha subrayado que la Generalitat "ha actuado en defensa de la legalidad vigente y de los intereses de los ciudadanos de Benidorm". "Los tránsfugas han de pasar a la situación de no adscritos y no pueden pertenecer a ningún grupo municipal, tal como marca la Ley y ello no se ha producido al permanecer en el grupo municipal socialista", ha apuntado.

Los derechos políticos y económicos de los concejales no adscritos "no pueden ser superiores a los que les correspondían antes de la adquisición de su condición de miembros no adscritos", según Blasco.

Este recurso, ha explicado, tiene lugar tras el requerimiento de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía el 8 de febrero de 2010 por el que se daba el plazo de un mes para modificar, anular o revocar los acuerdos del pleno del Ayuntamiento de Benidorm, de fecha 2 y 26 de octubre de 2009, en particular, procediendo a la disolución del grupo municipal socialista, así como a la anulación de todos los derechos políticos y económicos de los miembros no adscritos, todo ello de conformidad con el artículo 65 de la Ley 7/1985.