La decisión fue tomada por el juez Jorge Zepeda, que investiga diversos delitos cometidos en la Colonia Dignidad tras interrogar el pasado lunes a la mujer, más conocida como "la doctora Seewald".

Gisela Gruhlke confesó que por orden de Schaefer se practicaban a niños y adolescentes diversos tratamientos con psicotrópicos y descargas eléctricas, con el fin de mantenerlos bajo control y evitar el contacto sexual entre hombres y mujeres, y además para mantener separadas a las familias.

En el proceso, el juez señala que los ocho jóvenes torturados "fueron separados de sus padres al igual que el resto de los niños alemanes", pero además fueron sometidos a "tratamientos de salud" no obstante estar sanos.

"Se les suministraron psicotrópicos y se les aplicó corriente eléctrica, permaneciendo todos ellos aislados en el hospital, como también en un anexo de éste denominado Neukra", señala la resolución.

El dictamen sostiene también que estos tratamientos los dirigía la denominada "doctora Seewald", pese a que no tenía habilitación legal para ejercer como médico en Chile.

Zepeda relata además que Grulhke, que permanece detenida, actuaba por orden de Paul Schaefer, que estaba obsesionado "con la idea de mantener separados a los miembros de las familias, para así lograr la destrucción de los vínculos filiales, además de inhibir las conductas sexuales de las víctimas y mantener una supuesta pureza moral de tales jóvenes".

Para el juez, los hechos descritos configuran los delitos reiterados de apremios ilegítimos y lesiones corporales que prevé el artículo 397 del Código Penal.

A juicio del magistrado, los hechos y conductas descritas en el contexto que se dieron están sancionados también por el Derecho Penal Internacional, en la Convención contra el Genocidio de 1948.

Schaefer, un ex suboficial nazi

Schaefer, un ex suboficial nazi que fundó la colonia en 1961, está actualmente encarcelado y procesado por violaciones de los derechos humanos y acusado de al menos 28 abusos sexuales contra niños.

La justicia chilena ha determinado que el enclave de 16.000 hectáreas fue utilizado como centro de torturas por la policía secreta de Augusto Pinochet (1973-1990) y que varios detenidos desaparecidos fueron vistos por ultima vez en el lugar. EFE