El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), se reunirá este viernes con el presidente de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Autotaxi de Córdoba, Miguel Ruano, para tratar sobre la situación creada tras la multa de 103.488 euros impuesta a dicha asociación por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía a cuenta de las 'listas negras' de usuarios.

En rueda de prensa, Ocaña anunció este jueves que se verá con Ruano para conocer "el contenido literal" de la resolución adoptada por Defensa de la Competencia y "las razones que avalan la conclusión del expediente" ahora resuelto con la citada sanción económica a los taxistas, al entender el organismo dependiente de la Junta de Andalucía que es contraria a la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, la práctica los taxistas de "intercambio de información" sobre la supuesta "morosidad" de los usuarios y "el boicot a usuarios y hoteles", que denunció en 2008 la organización de consumidores Facua.

En relación con ello y con la demanda de Facua al Ayuntamiento de que regule la prestación del servicio de Radio Taxi de Córdoba, para evitar que esta situación se repita en el futuro, el alcalde detalló que en su encuentro con Ruano abordarán "lo que pueda ser una solución, que obviamente tiene que pasar por la implicación del sector" del taxi en Córdoba, cuyo presidente, según publica hoy la prensa provincial, opinó que con la sanción impuesta a su asociación "se ha cumplido la caza de brujas que la Junta inició en 2008 sobre el taxi, cuando sancionó a tres emisoras de radio taxi de Sevilla", con lo que la resolución sobre Radio Taxi Córdoba era "esperada".

Críticas de facua

En relación con las llamadas 'listas negras', que consisten en la negativa de la emisora de los taxistas cordobeses a prestar el servicio a determinados usuarios con el argumento de que en alguna ocasión solicitaron un taxi y no esperaron hasta que llegase, aunque el motivo fuese la excesiva tardanza del vehículo, Facua recordó al conocerse este miércoles la resolución de Defensa de la Competencia que, en su momento, "el Ayuntamiento de Córdoba se desentendió" de las denuncias de la organización de consumidores.

Así, la Delegación de Comercio y Transportes del Consistorio argumentó que no era un asunto de su competencia y la de Consumo decidió archivar el caso, "con la excusa de que no había suficientes pruebas de las irregularidades".

Investigación de oficio

Competencia abrió de oficio una investigación sobre las 'listas negras' al tener conocimiento de las denuncias planteadas por Facua en marzo y julio de 2008 ante los ayuntamientos de Córdoba y Sevilla, respectivamente, y las planteadas por hoteles y asociaciones hoteleras de Córdoba, a las que se sumó, en el caso de Sevilla, la asociación Foro Taxi Libre. De hecho, Competencia también emitió ya resoluciones sancionando a las tres emisoras de taxis de Sevilla.

En noviembre de 2008, Competencia acordó incoar expediente sancionador a las emisoras de taxi de Sevilla: Radio Taxi, Tele Taxi y Radio Taxi Giralda, y en diciembre de ese año abrió otro a Radio Taxi Córdoba. Tanto en los casos de Sevilla, como ahora en el de Córdoba, dichos expedientes han concluido con resoluciones en las que se imponen sanciones a las respectivas asociaciones de taxistas. Para ello Facua, a partir de febrero de 2009, aportó pruebas de las irregularidades mediante las denuncias de usuarios afectados por las 'listas negras' en Sevilla y Córdoba.

Regular el servicio

Tras estas resoluciones, Facua advirtió que si un usuario se ve obligado a coger otro vehículo, ante la tardanza del taxi solicitado y la falta de información al respecto por parte de la emisora, ésta no puede exigirle el pago de ninguna cantidad ni negarle la prestación de sus servicios en el futuro.

En cualquier caso, Facua es consciente de que, en una parte de los casos, los usuarios no esperan un tiempo razonable y cogen otro vehículo, lo que evidentemente causa perjuicios a los profesionales del sector que trabajan con las emisoras. Por ello, considera que los ayuntamientos deben regular su funcionamiento y fijar unos parámetros de calidad e información a los consumidores.

En este sentido, Facua pide que, en el momento de solicitar un taxi, las emisoras deben informar al usuario del tiempo máximo que consideran que tardará en llegar, para que éste decida si quiere o no el servicio. Si posteriormente, por la situación del tráfico, el vehículo va a retrasarse, la emisora tendría que contactar con el cliente para advertirle del imprevisto y conocer si continúa deseando el taxi.