La Junta prohíbe mariscar chirlas entre la desembocadura del río Carreras y la playa de la Bota

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca ha prohibido el marisqueo de chirlas en la Barra del Terrón, en la zona comprendida entre la desembocadura del río Carreras y la playa de la Bota, tras los análisis del Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de la Junta de Andalucía que revelan niveles de toxinas DSP en estos moluscos, una circunstancia que se produce cuando ingieren un determinado tipo de algas y que desaconseja su consumo.

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca ha prohibido el marisqueo de chirlas en la Barra del Terrón, en la zona comprendida entre la desembocadura del río Carreras y la playa de la Bota, tras los análisis del Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de la Junta de Andalucía que revelan niveles de toxinas DSP en estos moluscos, una circunstancia que se produce cuando ingieren un determinado tipo de algas y que desaconseja su consumo.

Según ha informado la Junta en una nota, la presencia de toxinas DSP en los bivalvos es un proceso natural, y los mismos animales las eliminan progresivamente de su organismo.

Además, actualmente está cerrada al marisqueo por toxinas DSP la desembocadura del Piedras, y se prohíbe por el mismo motivo la captura de coquinas en Isla Canela y de mejillones en Isla Cristina.

Asimismo, en el río Carreras están afectadas las almejas babosas y japonesas y los berberechos por fitoplancton tóxico, y en el Guadiana sólo los berberechos por bacterias coliformes.

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca levantará las prohibiciones en cuanto los análisis que realiza de forma continua el Laboratorio de Control de Calidad revelen que los bivalvos se encuentren en perfectas condiciones. El seguimiento, que alerta de si su ingestión puede ser nociva para la salud, garantiza la calidad sanitaria del molusco de la costa de Huelva.

La Junta de Andalucía ha recordado que el marisqueo sin licencia está prohibido y las sanciones por este incumplimiento pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen bivalvos sin autorización.

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