La Delegación del Gobierno andaluz ha impugnado por la vía Contencioso Administrativa los expedientes disciplinarios mediante los que el Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), gobernado por Manuel Morilla (PP), ha suspendido de empleo y sueldo durante varios meses a tres de sus funcionarios por el contenido de su oposición a la recusación promovida en su contra por su papel en un Tribunal de Selección. La Junta, así, esgrime los "vicios de nulidad e infracciones al ordenamiento jurídico" detectados sobre tales expedientes y atisba una "vulneración" de los derechos constitucionales por parte del Consistorio en la resolución de dicho proceso de selección.

Fuentes de la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla, dirigida por Carmen Tovar, informaron a Europa Press de que, en efecto, fue a mediados del pasado mes de junio cuando los servicios jurídicos de dicho departamento elevaron un recurso contencioso administrativo contra los actos contenidos en los mencionados expedientes disciplinarios, resueltos con sanciones definitivas de cinco, nueve y nueve meses y medio de suspensión de empleo y sueldo para cada uno de estos tres funcionarios. Estos funcionarios en cuestión han anunciado que, de su lado, impugnarán estas resoluciones también por la vía Contencioso Administrativa.

Por lo que a la vía Penal se refiere, el pasado 14 de julio, la secretaria general del Ayuntamiento de Morón, A.S.L., prestó declaración ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón de la Frontera precisamente a cuenta de las acciones judiciales promovidas por estos tres funcionarios ante los actos administrativos de los que han sido objeto, según informaron a Europa Press fuentes judiciales. El Gobierno municipal, de su lado, señaló en un comunicado que los expedientes disciplinarios "nada tienen que ver" con estas acciones judiciales, porque "las actuaciones del Ayuntamiento siempre han estado presididas por el respeto a la legalidad vigente, al derecho de los trabajadores así como al de la propia institución municipal".

Posibles vulneraciones constitucionales

El caso, como se recordará, es motivo de conflicto entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, pues la Delegación del Gobierno autonómico en la provincia había librado un requerimiento en el que se reclamaba al Consistorio tanto la anulación de la aceptación de las recusaciones promovidas contra estos tres funcionarios, como los expedientes disciplinarios incoados a tal efecto.

La Administración andaluza cree, así, que el Ayuntamiento "ha vulnerado el artículo 23.2" de la Constitución Española, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder "en condiciones de igualdad" a las funciones y cargos públicos, pues el funcionario autonómico que participaba en el Tribunal de Selección en cuestión ha corroborado los hechos denunciados por los funcionarios expedientados en cuanto a un supuesto intento de "alteración" del resultado del mencionado concurso oposición.

En ese sentido, el Gobierno andaluz entiende que las recusaciones tramitadas por el Ayuntamiento contra estos tres funcionarios, y finalmente aceptadas por la Alcaldía, "no se ajustan a derecho" y podrían albergar un intento de "apartar del Tribunal de Selección a aquellos vocales que pudieran no transigir con determinadas instrucciones".