La familia de la joven C.M.R., supuestamente asesinada a puñaladas por su marido en febrero de 2009 en su piso de la barriada de Los Pajaritos (Sevilla), solicitará 28 años de cárcel y el pago de una indemnización de 327.615,38 euros para P.C.M., el esposo de la víctima, al que acusa de un delito de asesinato, otro de maltrato habitual y un tercero de lesiones.

Según relata la representación jurídica de la familia en su escrito de acusación, remitido a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial y al que ha tenido acceso Europa Press, las relaciones entre la víctima y su marido, que estaban casados desde el año 2000 y tenían dos hijos en común, se habían ido deteriorando "progresivamente" desde 2004, cuando el acusado comenzó a tornarse "cada vez más agresivo y violento".

En este sentido, dice que desde que éste fue despedido de su puesto de trabajo, y al no volver a encontrar otro, "pedía constantemente dinero" a su esposa, que regentaba una tienda de alimentación con la que mantenía a la familia, "para poder consumir sustancias estupefacientes".

De igual modo, afirma que "eran frecuentes las disputas donde el acusado lanzaba objetos a su esposa en la casa delante de sus hijos, la agredía con puñetazos, patadas, y toda clase de golpes por todo el cuerpo, con continuos insultos, humillaciones y frases malsonantes", sin que la víctima denunciara los hechos.

En 2005, la mujer sí denunció a su marido, al que acusaba de haberle pegado en el interior de un vehículo de su propiedad dos puñetazos en la boca, un bocado en la mano y de haberla sacado del coche agarrándola del cuello, dejándola sola. A raíz de estos hechos se decretó medida de alejamiento contra el acusado y se incoó un procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla que acabó con sentencia absolutoria para el acusado al acogerse su esposa a su derecho a no declarar contra su marido.

Igualmente, el 22 de junio 2008 la víctima presentó una nueva denuncia contra su marido después de que el día antes, ante la negativa de ella de darle dinero, supuestamente la hubiera amenazado de muerte primero mientras "le tapaba la boca y la nariz fuertemente con las manos" y después cuando le apretaba encima una almohada en presencia de uno de sus hijos, que reprochó a su padre la conducta, lo que sirvió para que éste soltara a su mujer y ésta saliera de casa.

Según el escrito de acusación, la víctima regresó para llevarse a sus hijos y su marido "la amenazó de muerte con un cuchillo". Dos días después de interponer denuncia y de haber sido asistida de lesiones leves, C.M.R. renunció a las acciones emprendidas y solicitó el archivo de la causa, por lo que se decretó el sobreseimiento provisional.

Dos puñaladas mortales

El 9 de febrero de 2009 se produjo una discusión entre el matrimonio estando el acusado "muy alterado y agresivo y al parecer motivado por los celos", lo que desembocó en que el acusado asestara con un cuchillo de cocina 12 puñaladas a su mujer, dos de ellas mortales, en la zona de cuello, tórax y brazo izquierdo mientras ésta se encontraba adormilada en su habitación del piso donde vivían, añadiendo la acusación particular que el procesado "se ensañó con la víctima aumentando deliberada e inhumanamente su sufrimiento".

Tras el asesinato, el acusado intentó suicidarse sin éxito utilizando un secador dentro de una bañera con agua, después de lo cual se quedó dormido hasta el día siguiente, cuando telefoneó al servicio de emergencias del 112 para anunciar que había matado a su mujer y que él se iba a tirar por la ventana del cuarto piso donde vivían.

A su llegada al lugar de los hechos, efectivos de la Policía Local se encontraron con el acusado tendido en el suelo boca abajo con los huesos salidos de las piernas, quien, todavía consciente, le dijo a uno de los agentes que "me he cargado a mi mujer y ahí queda eso". El acusado fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío, donde permaneció ingresado hasta su alta.

Desde la comisión del crimen, los hijos del matrimonio, que resultan, según el escrito de acusación, "indirectamente víctimas del propio hecho delictivo", se encuentran bajo la guardia y custodia de sus abuelos maternos, según una resolución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de la capital hispalense que fue confirmada por la Sección Segunda de la Audiencia de Sevilla.

La representación jurídica de la víctima acusa al detenido de un delito de maltrato habitual por el que pide dos años de cárcel, otro de lesiones por el que solicita un año de prisión, y un delito de asesinato agravado por el parentesco de la víctima, por el que pide una pena de 25 años. Asimismo, solicita para el encartado el pago de una indemnización de 150.703 euros para cada uno de sus hijos y otra de 13.004,69 euros para cada padre de la víctima.