La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández, ha afirmado este lunes que "hay margen" para que, en el marco de los estatutos de autonomía, se pueda desarrollar una "mayor relación" entre el estado de las autonomías y el poder judicial.

De la Vega se ha referido así a los asuntos judiciales abordados en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña. "Es uno de los ámbitos en los que cabe y hay margen para que, respetando y siguiendo la jurisprudencia constitucional en el ámbito de los estatutos, se pueda desarrollar esa mayor relación de estado de las autonomías y poder judicial", ha manifestado.

En este sentido, De la Vega ha explicado que el Gobierno va a "estudiar y explorar" nuevas vías para desarrollar el poder judicial de las comunidades autónomas, y ha abogado por "trabajar para ver cómo configura el legislador orgánico los consejos judiciales".

La vicepresidenta ha respondido así en Santander a preguntas de los periodistas sobre las nuevas vías para desarrollar el poder judicial de las comunidades, asunto al que se ha referido previamente en la inauguración del curso 'La crisis de la justicia en España', que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Durante su intervención, ha señalado que la sentencia del Estatut ha sido "clarificadora" al señalar que definir al Consejo Judicial como "órgano de gobierno del poder judicial" es incurrir en "evidente exceso" porque el órgano de gobierno del poder judicial es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la definición de su estatuto y funciones están reservados al legislador orgánico.

A juicio de la vicepresidenta, el TC no niega la constitucionalidad de los consejos de justicia, sino que, al sancionar la previsión del Estatut, defiende la "libertad" del legislador orgánico para introducir fórmulas de "desconcentración" de las atribuciones que hoy tiene sólo el CGPJ.

En este sentido, ha indicado que algunas de esas atribuciones "ya ejercen por atribución propia o delegada las Salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas", pero siempre que "se respete el principio constitucional de la unidad del poder judicial".

Así, la sentencia "rechaza que los estatutos impongan por sí mismos un camino, pero no impide que el camino pueda abrirse por otras vías", ha destacado la vicepresidenta. Unas vías, ha insistido, que el Gobierno va a "explorar" pero "con pleno respeto a la letra y al espíritu de la Constitución".

Ha subrayado al respecto que la configuración del poder judicial en el Estado autonómico no es un "proceso culminado", sino que "aún podemos y debemos buscar una administración de justicia mejor adaptada a nuestro modelo territorial y que facilite el necesario acomodo del gobierno del poder judicial con el principio autonómico".

El objetivo final es lograr una administración de justicia "más próxima a los ciudadanos, más rápida y más eficiente" desde "el más estricto respeto a la Constitución" y también desde "la voluntad de seguir desarrollando el Estado de las Autonomías".

La constitución,

Arma arrojadiza

En este sentido, De la Vega ha rechazado que "la derecha" utilice la Constitución como "arma arrojadiza de una política que no sólo es incapaz de elevar su mirada más allá de intereses partidarios, sino que incluso contradice el espíritu de nuestra Carta Magna".

De igual modo, ha criticado y ha pedido que se acaben las "disputas partidistas" relacionadas con el CGPJ. "No podemos ni debemos resignarnos a esa imagen del Consejo que con demasiada frecuencia llega a la ciudadanía como una especie de subrogado jurídico de las disputas partidistas", ha manifestado.

Recuperar el estatut

Por otro lado, y a preguntas de la prensa, la vicepresidenta primera ha recordado la postura del Gobierno de recuperar el Estatut, y ha indicado que "desde luego" va a haber alguna resolución en este sentido, "probablemente" derivada del Debate sobre el Estado de la Nación y que podría aprobarse este martes.

"La idea", ha dicho, es "seguir desarrollando el Estatuto y, en ese desarrollo, abordar, articular a través de las leyes o de las decisiones que correspondan, todos aquellos temas que permitan articular y dar satisfacción al deseo de un mayor autogobierno, al deseo de expresar y recoger la identidad propia del pueblo de Cataluña y de otras comunidades autónomas también".

Ha recordado que el PSOE ha presentado ya una resolución, que expresa la posición de todo el Grupo Socialista y del Gobierno también.

Preguntada por las declaraciones que ha realizado este fin de semana el presidente del Congreso, José Bono, en las que llamaba al PSC a superar a los nacionalistas catalanes "en votos" y "no en nacionalismo", De la Vega ha rehusado pronunciarse al respecto, pero ha aprovechado para remarcar la posición del Ejecutivo en relación al Estatut y a la sentencia. "Nuestra posición está clara. Respeto a la sentencia, acatamiento y trabajaremos para desarrollar de la mejor manera el estatuto", ha concluido.

Ley enjuiciamiento criminal

En su conferencia inaugural, María Teresa Fernández de la Vega ha abogado, entre otras cuestiones, por preservar la independencia del los jueces en el ejercicio de jurisdicción y ha considerado también que no se puede "permitir ninguna sombra de duda" sobre la "legitimidad, actuación, y funcionamiento" del CGPJ.

Además, se ha referido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal como "una de las tareas pendientes". Ha indicado que la norma de 1982 —reformada en varias ocasiones— se ha convertido en "un cuerpo normativo de difícil manejo" y, en algunos aspectos, "desacompasado con la realidad de nuestros juzgados y tribunales".

Por ello, cree que es "necesario" abordar la reforma de esta ley y ha confiado en que la nueva norma se apruebe "en esta legislatura".