Alrededor de un millar de personas, según la organización, han participado este sábado en la VI Marcha a Santander organizada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a afectados por las sentencias de derribo, y que se desarrolla bajo el lema 'Normas justas para una solución definitiva'.

En esta ocasión, AMA lleva a cabo esta iniciativa con una "nueva esperanza" puesta en la proposición de ley que tramita el Parlamento cántabro, que esperan que dé seguridad jurídica y acabe con la "desprotección".

El presidente de AMA, Antonio Vilela, destacó en declaraciones a los medios la "maravillosa respuesta de la gente", porque a pesar de la lluvia que caía en la capital, cerca de mil personas se han congregado para apoyar a unas familias que llevan "tanto tiempo sufriendo la injusticia de que puedan derribar sus viviendas sin culpa ninguna".

Estas personas, ha dicho, "siguen año tras año, día tras día, luchando porque se haga justicia", y al respecto, ha confiado en que la instituciones, "que son las culpables de esta situación, tanto los ayuntamientos como el Gobierno, como el Parlamento", den la solución "a tanto esfuerzo y trabajo que están haciendo las familias".

La marcha, que comenzó este viernes y cumple su segunda y última etapa tras recorrer 40 kilómetros entre Argoños y Santander, se ha reanudado, desde el Polideportivo de Latas, a las 9.30 horas camino del embarcadero de Somo, donde a las 10.30 los participantes cogieron la lancha hasta Puerto Chico.

La comitiva pasó por la sede del Gobierno regional, donde no estaba previsto que les recibiera ninguna autoridad, y recorrió el Paseo Pereda en dirección a la Delegación del Gobierno para seguir camino hasta el Parlamento regional, donde un delegación de AMA será recibida por todos lo grupos parlamentarios.

Según recuerda la asociación, cada año han celebrado la marcha con una nueva esperanza que al final "se desvanecía como un azucarillo en el fondo del mar" y ahora confían en que esta nueva esperanza sea la que termine ya con "una tortura psicológica" que se prolonga más de 15 años.

AMA espera que la proposición de ley sea "un instrumento útil para todos los ciudadanos, que les dé seguridad jurídica a la hora de adquirir una vivienda", que garantice que "situaciones tan injustas y duras nunca más puedan ocurrir" y que "no paguen" familias "inocentes" las condenas de las administraciones.

En este sentido, reclama "normas claras y diáfanas que respeten la legalidad vigente", que doten "de los mecanismos compensadores y regularizadores" y que, "además de aplicar la ley, hagan justicia".

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