El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid ha suspendido de forma cautelar la licencia de obras de la fábrica que Quesos Entrepinares construye en las inmediaciones de la localidad pedánea de Villamarciel, perteneciente al término municipal de Tordesillas (Valladolid), por carecer de licencia ambiental y de declaración de impacto ambiental.

El auto dictado por la juez Encarnación Lucas Lucas ante el requerimiento de Ecologistas en Acción considera además que la licencia otorgada por el Consistorio tordesillano incumple las condiciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, ya que el proyecto "excede la altura máxima permitida en el mismo".

Así lo ha manifestado este viernes el portavoz de Ecologistas en Acción, Javier Gutiérrez, quien aseguró que esta factoría pretende establecerse en una superficie de 27 hectáreas de terreno rústico junto a la confluencia de los ríos Pisuerga y Duero, incluida en la red Natura 2000 de la Unión Europea, donde la planta vertería sus aguas residuales.

Por otro lado, la organización ecologista ha afirmado que en el lugar se encuentra un yacimiento arqueológico cuyo ámbito oficial "se ha reducido de 12,5 a 1,9 hectáreas para permitir la construcción".

Ecologistas en Acción ha señalado como responsable de estas irregularidades al Ejecutivo local así como a la Junta de Castilla y León, a través de las comisiones territoriales de Patrimonio Cultural y Medio Ambiente ya que, a su juicio, esta explotación necesita una "autorización ambiental" y "no una simple licencia como la que se requiere para una peluquería o un bar musical".

Proyecto en seis fases

El portavoz de la plataforma ecologista señaló que la licencia otorgada inicialmente preveía un proyecto a realizar "en una sola fase" para el cortado y envasado procedente de otras plantas de la empresa en Valladolid y Fuenlabrada (Madrid), aunque la actuación definitiva se configura "en seis fases".

Gutiérrez lamentó que, "una vez más", la Junta pase a una "política de hechos consumados" y señaló como posibles intereses de esta ubicación el bajo coste del suelo rústico y la cercanía de agua para abastecer las necesidades de la planta.

En este sentido, el portavoz calificó de "contrasentido" que se gaste dinero público para construir polígonos industriales que "se encuentran vacíos" mientras se conceden licencias para edificar en suelo rústico con una "máquina de hacer churros".

Asimismo, vaticinó que el futuro definitivo de la fábrica se decidirá en gran parte con la Declaración de Impacto Ambiental que emita la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Por último, Gutiérrez recordó que este auto es el segundo que avala la postura de los ecologistas sobre este proyecto y lamentó que los políticos de la Comunidad prefieran "echarse cosas en cara" que tratar de "cuestiones como esta" en los debates sobre el Estado de la Región.