El Principado proyecta reducir un 30% los costes económicos de las empresas en sus obligaciones con la Administración

La iniciativa, presentada por la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, será efectiva en 2012

El Gobierno de Asturias está desarrollando un proyecto cuyo objetivo es conseguir la reducción en un 30 por ciento de las cargas administrativas, costes económicos que las empresas soportan para cumplir con distintas obligaciones.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, acompañada por el Director General de Modernización, Alberto Pérez Cueto, ha presentado hoy el proyecto, que pretende ser efectivo en 2012, en el curso de La Granda 'Reducción de cargas administrativas y costes económicos para las empresas'.

Según explicó la Consejera, la iniciativa se desarrollará sobre dos tipos de actuaciones. La medición de las cargas administrativas, que permitirá cuantificar el esfuerzo económico actual en los ámbitos de estudio seleccionados por parte de las empresas asturianas, así como valorar el impacto de las medidas de reducción que se planteen.

Y la definición de actuaciones de reducción de cargas administrativas: diseño de aquellas medidas que faciliten una reducción de las cargas administrativas.

Este modelo tiene como principal fin la obtención de datos objetivos sobre el impacto económico de las cargas administrativas. Se basa en la encuesta directa de las empresas, combinada con la valoración de expertos en el ámbito de análisis.

Según explicó la Consejera, se parte del tiempo empleado en la realización de las actividades según lo que indican las empresas y la valoración de expertos. Ese tiempo se cuantifica con un precio/hora en función de perfil y se añaden algunos costes adicionales, lo que finalmente acaba proporcionando el valor de cargas administrativas.

Otras iniciativas

La Consejera ofreció también datos sobre otra de las iniciativas que está impulsando el Gobierno de Asturias y que está encaminada a evitar que los ciudadanos y las empresas aporten documentos que ya se encuentran en poder de la Administración.

Hasta el momento, el Gobierno de Asturias ha aprobado diversas resoluciones por las que en los procedimientos tramitados se suprime la obligación de los ciudadanos de aportar los siguientes documentos: fotocopia del DNI/NIE y Certificado de empadronamiento; certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT); certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social; certificación catastral y certificado de grado de discapacidad.

Respecto al uso de Internet para relacionarse con la Administración autonómica, la Consejera destacó el "enorme esfuerzo inversor en estas nuevas tecnologías", para que tanto Administración como ciudadanía estén en condiciones de interaccionar de forma ágil y segura entre sí.

Esta inversión ha colocado a Asturias como la primera de las comunidades en la disponibilidad de servicios públicos on-line. El informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España de la Fundación Orange (e-España 2010), sitúa por cuarto año consecutivo a la Administración asturiana como líder nacional, con un diferencial de 23 puntos por encima de la media del estado.

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