El presidente del Govern, Francesc Antich, ha asegurado este miércoles que los Presupuestos de la Comunidad no están deslegitimados pese a que los apoyase el ex diputado del Grupo Mixto del Parlament Bartomeu Vicens, condenado por el Tribunal Supremo (TS) a tres años de cárcel y a seis de inhabilitación absoluta por su implicación en el caso Son Oms.

En declaraciones a los periodistas, el jefe del Ejecutivo balear ha recordado que él solicitó a UM que lo expulsase del grupo parlamentario, por lo que si Vicens no hubiera estado en el Parlament, su lugar habría sido ocupado por otro miembro 'uemita' cuyo voto en relación a las cuentas de Baleares hubiera sido el mismo que el del ex diputado. No obstante, ha indicado que tenía "todo el derecho del mundo" a ocupar su escaño en la Cámara balear puesto que éste es personal.

En este sentido, el presidente ha remarcado que los presupuestos de la Comunidad son "para cubrir muchas necesidades de los ciudadanos", y que "no han sido peores" por el hecho de que hayan sido aprobados con el voto de Vicens. En todo caso, Antich ha reconocido que los responsables de las instituciones públicas "deben pedir disculpas" por los casos de corrupción destapados en las islas, aunque ha matizado que "esto no basta".

Según el presidente autonómico, los políticos de Baleares deben fijar durante la presente legislatura las bases para que la vida pública se gestione a partir de ahora "de otra manera", algo que, según ha expresado, es uno de los objetivos "más importantes" del Govern con la participación de las otras fuerzas parlamentarias.

En esta línea, Antich ha aseverado que la Ley del Sector Público, que ha definido como "ley del buen gobierno", está "casi consensuada", lo que, según su opinión, demuestra la voluntad de la clase política de imponer "más transparencia" y "otra forma de gestionar" en las administraciones del archipiélago.

"Si somos capaces de presentarnos a la próxima legislatura con estas bases bien puestas, habremos hecho un muy buen trabajo", ha remarcado el presidente del Ejecutivo balear, que ha reiterado la "máxima colaboración" del Govern con la justicia, así como el derecho de los ciudadanos y de los implicados en los casos de presunta corrupción a que éstos se aclaren.