La representación jurídica del clan de los 'Caracoleños', un colectivo de familias exiliadas del Polígono Sur tras un tiroteo y reinstalado en este barrio tras un éxodo chabolista por Sevilla y San Juan de Aznalfarache, remitirá en los próximos días cartas a los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla, a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), al Comisionado del Polígono Sur, Jesús Maeztu, y al Arzobispado al objeto de recabar "mediación y colaboración" ante las órdenes de desalojo dictadas por la supuesta ocupación ilegal de viviendas de titularidad pública.

Así lo indicó en declaraciones a Europa Press el abogado que representa los intereses del colectivo, José Estanislao, quien señaló que las cartas buscan una "solución jurídica o política" a este problema, y que si ésta no se consigue, "al menos nadie podrá decir que no sabía nada" de este asunto. José Estanislao, de tal forma, tiene previsto enviar por burofax en los próximos días las cartas a la directiva de EPSA, a Maeztu y al Arzobispado, mientras que hará llegar la misiva a los grupos políticos del Consistorio hispalense a través de su entrega en el Registro municipal.

Con esta iniciativa, el abogado quiere que "quede constancia de lo que hay" y se pueda "buscar una solución razonable para un problema humano", ya que, según este abogado, "el único delito que han cometido los Caracoleños es ser pobres". Y es que el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, a raíz de una denuncia de EPSA como titular de las viviendas, está dictando plazos para el desalojo voluntario de los pisos del Polígono Sur que ocuparon el verano pasado tras haberlos abandonado en el éxodo chabolista que iniciaron en abril de 2009.

Una bala perdida

En abril de 2009, las familias de este clan huyeron del Polígono Sur por temor a "represalias" como consecuencia del tiroteo que el 29 de marzo se saldó con la muerte de un menor de 17 años en la calle José Sebastián Bandarán, donde una bala perdida alcanzó en la cabeza al menor mientras presenciaba el intercambio de disparos entre clanes de etnia gitana desde un todoterreno conducido por su propio padre.

Mientras la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintaba las viviendas abandonadas para esclarecer su régimen de ocupación, estas familias crearon un asentamiento de infraviviendas entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan, de donde fueron desalojados el 3 de julio para comenzar un precario peregrinaje que finalizó tres semanas después con su retorno a las viviendas.

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