La Fiscalía ha aclarado este miércoles que para la 'Operación Brugal' desarrollada ayer contra una presunta trama de corrupción en Alicante no hubo, como tales, órdenes de detención por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela contra el presidente de la Diputación de esta provincia, José Joaquín Ripoll, y otras diez personas, sino un mandamiento judicial que ampara tanto los registros domiciliarios como la toma de declaración de los afectados.

Fuentes fiscales señalaron a Europa Press que la operación desarrollada el martes está amparada totalmente por el mandamiento de el juez de Orihuela, que en un documento de casi una veintena de folios, sometido al secreto sumarial, autorizó los registros y también que se "acompañara" a las personas afectadas con el objeto de tomarles declaración.

De forma individualizada, el juez indicó a la Policía los domicilios y las sedes sociales que hay que registrar. Además, autorizo a la policía a tomar "las medidas necesarias" para realizar esas diligencias. Entonces, si hay que trasladar a personas, se autoriza a realizar dichos traslados como sea conveniente, según la Fiscalía.

En principio, se barajó junto con el Juzgado la posibilidad de ordenar detenciones, si bien Anticorrupción se opuso a esta posibilidad y apostó por lo que finalmente se produjo, es decir, registros en dependencias que podían estar afectadas por la trama y la toma de declaración de sus responsables. Esto es lo que ocurrió con Ripoll, según las mismas fuentes, quien tras ser preguntado en Comisaría quedó en libertad.

Respecto a la citación que se ha dado a Ripoll para comparecer mañana en el Juzgado de Orihuela, se trata de una citación "policial" según las mismas fuentes. En ella se indica a los implicados un día y hora para que acudan al juzgado.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia emitió hoy un comunicado en el que asegura que el juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela no ha ordenado la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Además, añade que tampoco ha acordado su citación judicial ni su imputación.

"Se debe remarcar que no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna. Del mismo modo, no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial", reza textualmente en el comunicado del TSJV.

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