La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, no ocultó este miércoles la sorpresa que le genera que en una sentencia, como la del fallo judicial sobre el caso de violencia de género de Pinos Puente (Granada), se hagan "juicios de valor sobre la expresión de parquedad o no o si llora o no llora" porque, a su juicio, un magistrado "tiene que valorar si tiene argumentos o no para condenar o para absolver, pero sin entrar a hacer valoraciones de otro tipo".

A preguntas de los periodistas en Jaén, Navarro expuso que no todas las personas muestran sus sentimientos de la misma forma, lo que hay que respetar. "Desgraciadamente, hemos podido comprobar que el que fuera parca en sus expresiones o no mostrara pasión a la hora de pedir ayuda no significa que no estuviera en peligro", fundamentó.

Por todo ello, hizo un llamamiento para que no se minimice el riesgo en los casos de violencia de género y que no se consienta que se pueda poner en duda "de forma permanente" la veracidad o no de las denuncias por maltrato porque "no se puede poner bajo sospecha cualquier denuncia que se presente".

La consejera aprovechó para subrayar que hay que estar "alerta" ante la violencia de género, una lacra social que en los casos de Pinos Puente o El Puerto de Santa María (Cádiz) evidencia que "no se puede bajar la guardia ni un segundo" a la vez que revela la "complejidad" que lleva intrínseca.

"no bajar la guardia ni un segundo"

"Hay muchos casos de mujeres que están negando y ocultando la violencia que sufren a su propio entorno y en muchos casos cuando se ven ante un juez intentan minimizar las circunstancias que están viviendo, porque viven absolutamente aterrorizadas y creen que el que haya una sentencia condenatoria lo que haría sería aumentar la agresividad del maltratador", analizó Navarro, quien agregó que se da también la circunstancia de que "en muchos casos lo que quieren es que las dejen vivir tranquilas pero no quieren tampoco que haya ningún daño añadido al agresor", una situación genera "serias dificultades".

De hecho, la consejera defendió que "no siempre un caso de violencia de género cuenta con los argumentos jurídicos suficientes para que un juez pueda establecer la condena y eso no hay que olvidarlo", pero que es el juez el que tiene a su disposición la decisión de establecer las medidas de protección, que pueden ir desde órdenes de alejamiento a la teleasistencia, sin olvidar las pulseras electrónicas.

Navarro especificó para concluir que las órdenes de alejamiento son medidas que funcionan "en muchísimos casos", si bien incidió en que cuando el riesgo es alto, "y eso también lo tienen que determinar los jueces y las fuerzas de seguridad", el mecanismo más seguro tiene que ver con la casa de acogida.

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