Todos los actores económicos que juegan un papel en el sector químico de Tarragona han firmado esta martes el Pacto por el Desarrollo —que tiene como precedente el pacto de progreso alcanzado en 1991— y que, en palabras del alcalde de la ciudad, Josep Félix Ballesteros, debe permitir que todos ellos remen "en la misma dirección" para avanzar en la mejora del clúster químico.

El Pacto por el Desarrollo incluye como miembros, además de los adheridos al anterior Pacto de Progreso (Ayuntamiento de Tarragona, Asociación Empresarial Química y sindicatos), a la Universidad Rovira i Virgili (URV), el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), la Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio de Tarragona, la Asociación de Empresas de Servicios de Tarragona (AEST), la Diputación de Tarragona, la Generalitat de Catalunya y los representantes del Gobierno español, así como otros Ayuntamientos, como los de Salou y Vila-seca.

El Pacto por el Desarrollo se ha redactado con el objetivo de potenciar la competitividad, garantizar la estabilidad y plantear un nuevo desarrollo de la industria en el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.

El presidente de la AEQT, Antón Valero, ha explicado que, "sin olvidar las líneas de trabajo que han consolidado una buena relación con el territorio", en el próximo trimestre comenzarán a trabajar diversos equipos "en las áreas de logística, infraestructuras, energía, I+D+i y nuevos servicios y productos".

"El Pacto da continuidad a las conclusiones de la mesa socioeconómica que redactó el Plan Estratégico del Camp de Tarragona, en el sentido de identificar las oportunidades y solventar las carencias del clúster químico de Tarragona", ha añadido Valero.

El Pacto por el Desarrollo supondrá una mejora de las vías de comunicación con la Administración, a la hora de solventar problemas como el coste energético, las conexiones ferroviarias de ancho europeo o la logística del Puerto de Tarragona.

El sector químico presentará sus alegaciones a la Generalitat en relación al Plan Director de Infraestructuras del Camp, aunque Valero confía en "llegar a un acuerdo que no perjudique a ninguno de los agentes económicos implicados".