Junta inicia en septiembre las obras de reforma del Instituto de Medicina Legal y de la Clínica Médico Forense

El proyecto, que supondrá el traslado de dependencias antes de final de año, cuenta con un presupuesto de 236.000 euros
Instituto de Medicina Legal
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JUNTA DE ANDALUCÍA
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La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Tovar, presentó en la mañana de hoy el proyecto de reforma del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla al juez decano, Federico Jiménez Ballester; a la fiscal jefe, María José Segarra, y al director del IML, Julio A. Guija, señalando que la Junta ejecutará las obras a partir del mes de septiembre con un presupuesto de casi 236.000 euros.

Las actuaciones de reforma parcial para la secretaría-dirección del Instituto de Medicina Legal y su servicio de Clínica Médico Forense habrán finalizado antes de final de 2010, según destacó en un comunicado de prensa la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Ejecutado el proyecto, la secretaría, la dirección y la Clínica Médico Forense del IML se trasladarán del sótano a la primera planta del edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián. Las nuevas instalaciones ocuparán el espacio liberado por los juzgados de lo Penal del 1 al 12.

El traslado supone un importante incremento del espacio para el Instituto de Medicina Legal, que contará con más de 1.000 metros cuadrados. Las nuevas dependencias de la Clínica Médico Forense dispondrán de 16 consultas, sala común de médicos forenses, sala de reuniones, recepción-secretaría de la clínica, archivo vivo y dos almacenes de material.

Además de este servicio, el IML ubicará en la parte reformada del edificio sus departamentos de administración, secretaría y dirección. El IML cuenta con una plantilla de 36 médicos forenses, de los que 25 pertenecen al Servicio de Clínica Forense ubicado, hasta el momento, en la planta sótano del edificio de los juzgados.

Estos últimos realizan peritajes médico-legales, control periódico de lesionados y valoración de daños corporales que sean objeto de actuaciones procesales y la asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos que se encuentren a disposición judicial.

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