El ex director de una sucursal financiera pide penas que suman 11 años de prisión para un constructor que le convenció para participar en una empresa ocultándole la verdadera situación de la firma, que tenía deudas con promotoras que superaban los 600.000 euros.

Sin embargo, en este proceso el Ministerio Público pide el sobreseimiento provisional de la causa, al entender que por parte del denunciante no hubo engaño, y que las deudas encadenadas que se produjeron posteriormente podían enmarcarse dentro de los riesgos empresariales.

En abril de 2000, según relata la acusación particular, M.U.L., ofreció al denunciante participar en una empresa dedicada a la construcción, Teconfer, de la que era administrador único y titular del 100% de las participaciones.

La oferta consistía en que el querellante adquiriera el 45% de las participaciones -valoradas en aproximadamente 150.000 euros— y comenzase a trabajar en la empresa como director financiero, una proposición que al denunciante le interesó hasta el punto de que abandonó su trabajo como director de una sucursal bancaria.

La compra se concretó en un primer pago de 36.000 euros, quedando el resto consignado como deuda. El ahora querellante examinó la documentación contable de la empresa y no encontró anomalías o irregularidades.

Una vez que se incorporó al trabajo, se encontró con que una promotora para la cual construía su empresa empezó a retener sus últimas certificaciones de obra por que Teconfer mantenía una deuda , que llegaba a los 600.000 euros.

Y ahí, el denunciante empezó a descubrir que la empresa de la que se había hecho socio adeuda otras sumas considerables por anticipos de obras no ejecutadas a otras empresas promotoras, lo que terminó por provocar el sobreseimiento generalizado de los pagos.

Entonces decidió abandonar la empresa, pero aún así le fueron traspasados créditos de deudores, en una situación que llevó al acusado a ser objeto de una querella. Uno de esos créditos se lo pasó a su vez al deudor el responsable de la empresa cuando redujo su participación en la firma, bajándola hasta el 5%.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal pide 11 años de prisión para M.U.L., en el que concurre la agravante de reincidencia, por delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad en documento público.

En la vista hay un segundo acusado, A.D.C., responsable de la empresa que traspasó su deuda al denunciante, y a quien se considera coautor de los hechos, por lo que se piden seis años de prisión, por los mismos delitos.

Además, ambos acusados deberán indemnizar al perjudicado con 300.000 euros.

El Fiscal pide el archivo de la causa, ya que considera que el demandante tenía acceso a todas las cuentas de la sociedad. El ministerio público pidió en su día una práctica pericial contable para conocer de forma exhaustiva la situación de la empresa, que no pudo reflejar por falta de datos.

Así, esta parte considera que de las pérdidas económicas no se puede derivar responsabilidad penal, ya que obedecieron al "riesgo inherente a toda actividad empresarial".

En la misma línea, la representación del denunciante pide la libre absolución.

El juicio se celebrará mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, a partir de las 9.30 horas.