La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) suspenderá las pruebas acordadas que debían practicarse en próximas semanas en el marco del caso Scala, en concreto la declaración del diputado del PP Antoni Pastor como testigo del próximo 7 de julio, y de otras dos testificales previstas el mismo día, después de que el principal imputado de la causa, Josep Juan Cardona, renunciase el pasado jueves a su acta de parlamentario y con ello el procedimiento sea devuelto en breve al Juzgado de Instrucción número 4.

Así lo informaron fuentes jurídicas a Europa Press, que señalaron que por el momento la Sala no ha requerido a la defensa de Cardona, ejercida por el letrado Josep Zaforteza, la renuncia al acta para acreditar que ya no goza del fuero parlamentario. Una vez lo justifique, se dará traslado a las partes y la única causa que restaba en el TSJIB con algún aforado encausado volverá a manos de la magistrada Piedad Marín, que continuará con la instrucción del procedimiento.

Precisamente, fue Marín quien, en una extensa exposición razonada que trasladó al TSJIB para pedir que éste continuase con las investigaciones, determinó que durante la pasada legislatura, Cardona -entonces conseller de Comercio-, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del Consorcio de Desarrollo Ecomómico de Baleares, Antònia Ordinas, se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".

En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.

Sin embargo, en su última declaración ante la máxima instancia judicial de las islas, Cardona, sobre quien pesa una fianza de responsabilidad civil de 2,9 millones de euros, aseguró no tener ninguna vinculación con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos del CDEIB y negó cualquier tipo de irregularidad en la concesión de los contratos, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.