La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, manifestó hoy que la presentación el pasado martes por parte de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en el Congreso de los Diputados de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende promover la 'televisión sin fronteras', con un total de 651.650 firmas, es "una parte del espectáculo de ese gran teatro que esta fundación está realizando desde hace años".

Sánchez de León, que se expresó de esta manera en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, aseveró que la Comunitat Valenciana "lejos de ser una censora, como se ha pretendido trasladar, está siendo víctima" de una situación "respaldada" por el Gobierno de Cataluña para "extender la lengua y la cultura catalanas" en la Comunitat.

En esta línea, la portavoz del Consell advirtió de que el Gobierno valenciano seguirá "defendiendo la legalidad" e "impidiendo las emisiones ilegales" tanto de TV3 como de "cualquier otra emisión televisiva que en esta comunidad esté actuando sin licencia y sin cobertura legal".

Sánchez de León afirmó que con esta acción de ACPV "una vez más hemos asistido a una parte del espectáculo de ese gran teatro que esta fundación está realizando desde años" y remarcó que tras el levantamiento del secreto del sumario del caso Petroria "tuvimos conocimiento de la realidad de lo que está ocurriendo".

Al respecto, incidió en que en el sumario "se ha evidenciado que la Generalitat de Cataluña viene subvencionando" a ACPV y apuntó que, de momento, "hemos detectado que ya llevan 10 millones" de euros aportados "a estas asociaciones y fundaciones simplemente con la finalidad de extender la lengua y la cultura catalanas dentro del territorio de nuestra comunidad".

Afirmó que todos los valencianos "estamos siendo víctimas de esta situación, respaldada y apoyada por un gobierno, el de la comunidad autónoma de Cataluña", y remarcó que cuanto "menos tenemos que denunciarlo y hacer saber a todos los valencianos que seguiremos defendiendo la legalidad y seguiremos impidiendo las emisiones ilegales mientras no tengan esa cobertura legal, de TV3 o de cualquier otra emisión televisiva que en esta comunidad esté actuando sin licencia y sin cobertura legal".

La intención de Acció Cultural es que las firmas contribuyan a legalizar el intercambio de las televisiones y radios en lengua catalana, gallega y vasca, según expresaron sus responsables. En total, de las 651.650 firmas que trasladaron al Congreso en 85 cajas, 253.549 pertenecen a la Comunitat Valenciana, 321.150 a Cataluña, 29.472 a Baleares, 29.070 a Navarra, 16.141 a País Vasco y 2.268 a otras comunidades.