El Pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy una proposición no de Ley del PSOE-A, que fue apoyada por IULV-CA, mientras que el PP se abstuvo, en la que se pide al Gobierno andaluz que actúe con todos los medios al alcance de la Consejería de Educación "en la persecución del fraude que se detecte en los procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos".

Se instó también al Ejecutivo a "modificar la normativa de escolarización para que las personas que cometan fraude en el procedimiento de escolarización de ellos mismos o de sus hijos e hijas o menores bajo su tutela, pierdan la prioridad que pudieran tener en la adjudicación de un puesto escolar".

Asimismo, se le demanda que comunique a la autoridad competente los casos en los que se constate que los datos aportados por la persona interesada en el procedimiento de escolarización "no se ajustan a las circunstancias reales del solicitante, para que adopte las medidas oportunas en relación con las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir".

La diputada del PSOE Susana Rivas recordó en defensa de la iniciativa que el artículo 52 del Estatuto de Autonomía establece que corresponde a la comunidad autónoma, como competencia compartida, el establecimiento de los criterios de admisión del alumnado y el control de la gestión en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

En Andalucía, según añadió, el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, a excepción de los universitarios, se fundamenta en lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, que establece, en su artículo 84, que las administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores. En todo caso, según precisó, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

Sólo en el supuesto de que no haya en los centros docentes puestos escolares suficientes para atender todas las solicitudes de ingreso, se aplicarán los criterios de admisión recogidos en el Decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los universitarios, modificado por un decreto de 23 de febrero de este año, estableciendo la valoración objetiva que corresponde a cada uno de los alumnos y alumnas y garantizando el derecho a la elección de centro docente, según expuso Rivas.

A su juicio, ante las quejas relativas al proceso de escolarización remitidas por varios progenitores al Defensor del Pueblo Andaluz, "es necesario impulsar medidas para combatir los casos de fraude que pudieran registrarse".

Por su parte, el parlamentario del PP Santiago Pérez indicó que de la proposición no de Ley del PSOE se deriva que parece que este es un problema nuevo al que hay que dar respuesta, cuando está presente desde hace años sin que se le haya dado una solución desde la Consejería de Educación. "Dejadez absoluta y desprecio por parte de la Consejería de Educación a los padres y a las sugerencias del Defensor del Pueblo", apuntó Pérez, para quien la Junta no ha hecho todo lo posible para atajar el problema.

A su juicio, si el nivel educativo fuera de calidad en todos los barrios y municipios no se darían casos de fraude en los procesos de escolarización.

El diputado de IU Ignacio García dijo que es hora de que desde la consejería de Educación se ataque el fraude en procesos de escolarización y planteó si se está poniendo de manifiesto, cuando el PSOE plantea la proposición no de ley, que la Junta actualmente no actúa de oficio ante los casos de fraude, que, según recalcó, se dan normalmente en centros concertados porque hay una "falsa" percepción de que ofrecen una mejor educación que uno público.