Las Cortes de Castilla y León instaron a la Junta, con los votos a favor del PP y Grupo Mixto y la abstención del PSOE, a que estudie la rebaja del tipo general de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados "al menos" para el supuesto de adquisición de vivienda y a que "realice" los estudios oportunos a fin de instaurar un canon energético dirigido a las compañías eléctricas.

Las cuatro propuestas de resolución, transacionadas y convertidas en dos, fueron presentadas por el Grupo Mixto que, al igual que hiciera ayer durante su intervención en el Debate sobre Política General, propuso el estudio de la rebaja de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el caso de adquisición de vivienda tal y como, recordó su portavoz, Joaquín Otero, se hace en Galicia.

Respecto al de matriculación, el Grupo Mixto reclamaba la promoción de las reformas legales oportunas a fin de rebajar el tipo del Impuesto de Matriculación de Vehículos, propuesta detallada hoy -la petición de reducción es de un 20 por ciento— aunque lanzada también ayer en el Debate.

En este sentido, cabe recordar que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se comprometió ayer a elaborar un informe técnico sobre las posibilidades de "retocar a la baja" los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en lo referente al campo de la vivienda y de premiar con una reducción impositiva a los vehículos menos contaminantes.

Informe de hacienda.

En su última intervención con motivo de la celebración del Debate sobre Política General, Herrera se comprometió a encargar a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, la elaboración de un informe técnico sobre las tres propuestas fiscales lanzadas por el procurador leonesista.

Por otro lado y en referencia a la puesta en marcha del canon energético, Otero cambió su petición a la Junta de "encargar los estudios oportunos" por la de "realizar los estudios oportunos" pero defendió la misma postura propuesta ayer y que se centraba en reclamar el citado canon ya que, señaló, as compañías obtienen "ingentes beneficios" y, dado que "explotan el agua" de la Comunidad, tienen que "contribuir".

Cabe recordar que, en este mismo sentido, Herrera puso ayer en duda la "legalidad" de este gravamen y recordó que cualquier tipo tasa de estas características tiene repercusión final en el consumidor —"estamos haciendo un pan con unas tortas"—, a lo que Otero respondió con la propuesta de su análisis desde el punto de vista jurídico en caso de que existen distintas opiniones sobre su legalidad y de que el único obstáculo sea la ley de Ordenación del Sistema Eléctrico.