La interventora general del Gobierno de Cantabria, Gema Uriarte, se ha mostrado a favor de implantar "un copago sanitario de los medicamentos en función de las rentas como medida disuasoria" para evitar el uso excesivo de la sanidad.

Este sistema se aplicaría "en asistencia primaria y de urgencia, no en asistencia especializada", concretó. "Se necesitan medidas de corresponsabilidad del usuario y romper la cultura del todo gratis" para que a la hora de acudir a urgencias para una asistencia primaria "nos lo pensemos dos veces si es necesario".

Así lo aseguró en rueda de prensa junto a la jefa de Asesoría Presupuestaria de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, Cristina Herrero, y la catedrática de la Universidad de Girona, Julia Montserrat Codorniu, con motivo de su participación en el Seminario 'Presupuestación, ejecución y control de las administraciones públicas', organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En este sentido, apuntó también que es necesario un sistema más progresivo: "No me parece normal que la gratuidad en determinados sectores sea total para aquellos que tengan rentas con las que puedan hacer frente al pago de los medicamentos mejor que una persona de 25 años, que necesita medicación y está en el paro", dijo.CASI 26.000

Solicitudes a la ley de dependencia

Respecto a la Ley de Dependencia, señaló que "a día de hoy se han recibido casi 26.000 solicitudes" y, de ellas, "24.500 personas ya tienen emitida su resolución".

Añadió además que un total de 17.533 personas están recibiendo prestaciones o servicios: "El 40 por ciento recibe servicios de residencia, centros de día y teleasistencia y el 60 por ciento prestaciones económicas para el cuidado familiar".

Uriarte recordó asimismo que Cantabria es la comunidad autónoma que "atiende a más personas por cada 100 habitantes".

Gastos presupuestarios

En relación a los gastos presupuestarios, destacó que, en 2010, "el coste neto por atender a las personas dependientes representa el 2,5% de los presupuestos, es decir, 76 millones de euros frente a los 2.500 millones del total" del presupuesto cántabro.

Por su parte, Cristina Herrero explicó que "la velocidad de implantación de la ley en las diversas comunidades autónomas no está siendo la misma" y especificó que, para valorar el esfuerzo de estas entidades, es necesario considerar que "el nivel partida de protección social del colectivo de mayores —previo a la aprobación de la ley— tampoco era el mismo en todas las comunidades autónomas".