La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a afectados por las sentencias de derribo, pidió hoy a los grupos parlamentarios cántabros que eviten un "conflicto político" o una "guerra partidista" y consensúen ya un texto legislativo, antes de que termine el actual periodo de sesiones, para hacer frente a la situación.

Para hacer patente esa llamada a los partidos del Hemiciclo, un grupo de afectados volvió a concentrarse hoy ante la sede del Parlamento, donde repitieron consignas a favor de la legalización de sus viviendas. "Revilla, Mazón: solución o dimisión", corearon los afectados, que reclaman "justicia" para terminar con una "tortura" que se prolonga ya 15 años.

En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente de AMA, Francisco Laín, destacó que tras años de lucha comienzan a "vislumbrar un poco de luz", porque "parece" que el Parlamento regional "se ha tomado" en serio la situación y busca una solución a través de un texto legislativo.

Pero ante las diferencias sobre las diferentes propuestas al respecto, pidió a los tres grupos políticos (PP, PRC y PSOE) que "no hagan una guerra o una lucha política" y "lleguen ya al consenso definitivo" para aprobar una proposición de ley que dé "calma" a los afectados y, al mismo tiempo, "permita a los jueces ser un poco tolerantes" con la ejecución de los derribos.

En opinión de AMA, la iniciativa debe salir adelante con la unanimidad de los partidos, sin la búsqueda de ningún "conflicto político", porque es un problema "muy grave" para la Comunidad Autónoma y "compete a los intereses" de la región, por el coste económico que tendría para el erario público.

En este sentido, recordó que si se ejecutan los derribos es muy posible que la administración tenga que hacer frente a indemnizaciones a los propietarios por valor estimado de unos "300 millones de pesetas" que, además, "no van a servir para nada", sólo para "tirarlos", porque en muchos casos se volverá a construir en el mismo lugar.

Según explicó Laín, los cambios urbanísticos que se han producido en los últimos años hacen que actuaciones que en su momento eran "absolutamente ilegales", puedan ser ahora legales "sólo con una actualización" de la normativa urbanística.

Y, en su opinión, "sería un error muy profundo demoler algo que se puede construir al día siguiente, y para eso, indemnizar en unas cantidades que, tal como están las cosas ahora, sería un canto al sol".

Una propuesta consensuada y sin protagonismos

Por ello, confió en que los grupos parlamentarios, "por encima de pequeñas dificultades" o diferencias que puedan tener respecto al texto legislativo, se pongan "de acuerdo" para que la futura ley sea "una voz única de toda la sociedad de Cantabria representada por su Parlamento".

Aunque por el momento el texto que parece contar con más apoyos es el planteado por el Gobierno, que no satisface a los afectados, la asociación cree que lo importante es que se apruebe ya una propuesta y salga adelante con el apoyo de toda la Cámara regional.

En palabras de Laín, el texto del Gobierno es "claramente mejorable", pero esas mejoras se pueden materializar en el Parlamento.

"Nosotros estamos de acuerdo con una solución que nos deje tranquilos, venga de donde venga", recalcó el vicepresidente de AMA, quien subrayó que no les importan los "protagonismos" y lo importante es que la ley sea "consensuada" para que "nadie" pueda presentarse como el "salvador", ya que se trata de un tema "de interés general para la Comunidad".

Por último, insistió en que se resuelva la situación en este periodo de sesiones, que los grupos parlamentarios les han asegurado que se prorroga "extraordinariamente" por este asunto hasta el 20 de julio. Los afectados esperan poder así terminar con la "agonía" y "descansar" este verano, máxime, cuando hay ocho órdenes de derribo que ya se deberían haber ejecutado y, si no se ha hecho, es por la "flexibilidad" que está teniendo la justicia.