Así lo asegura el sindicato en una nota de prensa en la que explicó que ha encargado a sus servicios jurídicos que preparen los recursos pertinentes contra el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por el que se acuerda la reducción de las nóminas de los empleados públicos la región.

Para CSI-F esta reducción, que comienza a aplicarse este mes, es "inconstitucional" por lo que anunció que "se recurrirá también el incumplimiento de todos los acuerdos retributivos negociados con las distintas administraciones, desde la Junta de Extremadura, diputaciones provinciales y hasta los ayuntamientos".

Además, CSI-F aseguró que está preparando recursos y reclamaciones de carácter individual "para que sus afiliados puedan reclamar contra el acto concreto por el que se produce la reducción de la nómina de cada empleado público".

En este sentido, CSI-F explicó que estudia el escenario que se va a producir en cada administración, ya que la situación jurídica es diferente según se trate de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma o de los ayuntamientos, y teniendo en cuenta el distinto régimen aplicable a funcionarios, estatutarios y personal laboral.

Y es que CSI-F entiende que el Decreto-Ley del Gobierno "tendrá una aplicación práctica diversa en cada administración", por lo que señaló que las reclamaciones que presenten los empleados públicos individualmente dependen de la entidad para la que prestan servicios en la comunidad.

Finalmente, el sindicato apuntó que "está claro" que la decisión del Gobierno central "es antijurídica por el incumplimiento unilateral por parte de la administración de los acuerdos que se negociaron en su día con los sindicatos, y de los que se desprenden pactos retributivos que no pueden ser ignorados", concluyó.