La Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) ha acordado llevar a los tribunales a las Administraciones públicas, entre las que se encuentra la Junta de Andalucía, según confirmaron a Europa Press fuentes de la patronal, una acción que cuenta con el objetivo de exigir la devolución de los adelantos que las concesiones han efectuado en el marco del Plan 2000E de ayudas a la compra de coches.

En este marco, el presidente de la Federación comunicó que las Administraciones públicas mantienen una deuda total con los concesionarios de 58,3 millones de euros, de los que 8,3 corresponderían a Andalucía, en concepto de los adelantos realizados por los puntos de ventas de las ayudas correspondientes al Plan 2000E.

De este total de deuda de las Administraciones Públicas, Romero-Haupold indicó que 44,4 millones de euros corresponden a operaciones en proceso de tramitación, ya que la falta de recursos de determinadas comunidades autónomas "está retrasando los pagos de operaciones validadas y comprobadas".

En este sentido, en Andalucía existe una deuda pendiente de 5,4 millones de euros, mientras que ya se ha ejecutado un presupuesto de 26,4 millones. Así, el Gobierno pagó 29.231 operaciones de las 35.519 operaciones grabadas, mientras que la Junta liquidó 23.500 de sus 28.114 operaciones grabadas.

Por otra parte, señaló que los concesionarios de automóviles españoles han adelantado otros 13,9 millones de euros, de los que más de 3,2 millones se adeudan en Andalucía, que no son reconocidos por las Administraciones Públicas como deuda, debido al retraso en la apertura del sistema informático que gestiona las ayudas, según afirmaron.

Así, la deuda contraída por la Junta de Andalucía con los concesionarios supera los dos millones de euros conforme a las 4.071 operaciones no grabadas por la Comunidad, mientras que el Gobierno central adeuda casi 1,2 millones por 2.385 operaciones.

Faconauto explicó que, como consecuencia del colapso del sistema informático, sus asociados no pudieron grabar 11.880 operaciones a nivel nacional por un valor de 5,9 millones de euros con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria, y 16.095 operaciones, por un importe de ocho millones de euros, con cargo a las comunidades autónomas.

La patronal apuntó que las concesiones "no supieron con antelación si habría partida presupuestaria para las operaciones que estaban realizando con cargo Plan", dado que el sistema informático se inició cuando ya se había comprometido el 70 por ciento del presupuesto de Industria y de las comunidades autónomas.

"Se va a hacer una reclamación judicial a las Administraciones Públicas", explicó posteriormente, en rueda de prensa, el máximo responsable de la patronal de concesionarios, al tiempo que resaltó que esta decisión se produce tras un acuerdo alcanzado por el comité ejecutivo de la organización y que ha sido refrendado por las empresas que la componen.

"El recurso se hará en el menor período de tiempo posible", añadió y destacó que en el seno de Faconauto existe "consternación" por la actitud del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ya que en su opinión "no está dando la cara" ante el problema al que se enfrentan los concesionarios.

Además, Romero-Haupold advirtió de que en el segundo semestre del año, y como consecuencia del fin de las ayudas para la compra de automóviles, se dejarán de vender 150.000 vehículos, lo que pondrá en peligro 10.000 puestos de trabajo en el sector de distribución. En este sentido, apuntó que el Estado dejará de ingresar 480 millones de euros este año en concepto de impuestos del automóvil.

Renovación del plan

Por otro lado, Romero-Haupold resaltó que a pesar de estos problemas el Plan 2000E ha sido bueno para el sector del automóvil, por lo que se ha solicitado al Gobierno el mantenimiento de las ayudas a la compra de automóviles.

No obstante, indicó que ante la posible negativa del Gobierno ha reclamado la eliminación o la suspensión temporal del Impuesto de Matriculación, puesto que representa un tributo "de lujo" y "anacrónico".