La Policía Nacional protege actualmente a 1.370 mujeres en la Región de Murcia, ninguna en situación de riesgo extremo

Las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección (UPAPs) contra los malos tratos a la mujer del Cuerpo Nacional de Murcia protegen actualmente a un total de 1.370 mujeres en la Región de Murcia, de las que ninguna de ellas se encuentran en situación de riesgo extremo o alto.
Reunión delegado con las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra
Reunión delegado con las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Reunión delegado con las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra

Del total, 117 están en grado medio, 355 de bajo y en 898 no se ha apreciado situación de riesgo. Por comisarías, 643 mujeres son protegidas por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Murcia, 305 en Cartagena, 135 en Molina de Segura, 108 en Alcantarilla, 104 en Lorca y 75 en Yecla.

Así lo puso hoy de manifiesto el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, quien presidió una reunión en la que participaron la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Francisca Munuera, y las UPAPs.

El motivo del encuentro es coordinar actuaciones y realizar seguimiento de los casos de mujeres víctimas de violencia de género que son protegidos por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la Región, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Las UPAPs están adscritas a nivel central a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, a través de la Unidad Central de Particiapción Ciudadana y Programas pero a nivel periférico dependen de las Brigadas Provinciales o Locales de Seguridad Ciudadana o en los Grupos Locales de la misma especialidad, según su ámbito territorial.

En concreto, en Región de Murcia las UPAPs del Cuerpo Nacional de Policía cuentan con 26 miembros, distribuidos en las comisarías de Murcia (11), Cartagena (6), Lorca (3), Alcantarilla (2), Molina de Segura (2) y Yecla (2).ACTUACIONES

De igual modo, González Tovar señaló que las UPAPs trabajan en Coordinación con el SAF (Servicio de Atención a Familias) y han de llevar a cabo, de forma programada, actuaciones generales de análisis, control y evaluación, tanto respecto a las víctimas como de sus agresores.

Las tareas consisten en el mantenimiento de contactos personales y telefónicos permanentes con las mujeres incluidas en el programa de protección, con la finalidad de transmitir a las mismas la mejor sensación de seguridad; y detectar y controlar las posibles situaciones de riesgo para la mujer.

A tal efecto, cada funcionario gestionará la información más completa que permita la máxima eficacia en la labor preventiva que se desarrolla en el entorno de la víctima asignada.

Se realiza también un seguimiento de la evolución de la situación de riesgo de la víctima; recepcionar y dar el adecuado tratamiento a la información que, procedente de otros servicios policiales, instituciones u organismos públicos o privados, tengan como referencia una posible situación de riesgo para la mujer; y servir de referencia permanente a la víctima en cuantas situaciones de riesgo sean percibidas por la misma, requiriendo la actuación inmediata de aquellas unidades operativas que permitan la evitación del daño, la protección de la mujer y el inicio de la investigación procedente.

Servir de enlace entre la mujer víctima violencia de género y los servicios administrativos y asistenciales especializados en atención a la mujer con los que la misma haya de relacionarse; además de mantener un adecuado control de las áreas de vida cotidiana (familiar y profesional) de la mujer, así como de las zonas generalmente frecuentadas por el agresor; y alentar a la víctima a denunciar cualquier acción de tipo criminal, física o psíquica, de que haya sido objeto, así como de los incumplimientos judiciales llevados a cabo por el agresor, son otras de las tareas.

Por último, se pretende asesorar, auxiliar y acompañar, en su caso, a la víctima con ocasión de la tramitación de los correspondientes procedimientos policiales y judiciales, en coordinación con las unidades operativas que se estimen procedentes; y en definitiva, todas aquellas actuaciones en cumplimiento de la Instrucción de la Secretaria de Estado de Seguridad en materia de protección de las víctimas de Violencia de Género.

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