Fuentes de la Consejería del ramo mostraron así a Europa Press su "sorpresa" por las afirmaciones lanzadas por el secretario general de Satse-Andalucía, Francisco Muñoz, quien en declaraciones a Europa Press su "temores" en este sentido.

Frente a ello, las citadas fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero reiteraron de nuevo, tal y como ya hiciesen recientemente, que el copago "no entra dentro de nuestras políticas" de contención del gasto, toda vez que tildaron de "absurdo" al argumento esgrimido por Satse de que "la formación de los administrativos en la emisión de estas 'facturas sombra' sean un primer paso hacia ese salto al copago".

"Nos parece o bien una falta de conocimiento absoluto en este tema o bien una mala intención flagrante", prosiguieron las citadas fuentes, que aprovecharon par reprochar "la enorme falta de responsabilidad de la que hace gala este sindicato, el cual está basando últimamente toda su labor sindical en meter miedo a la ciudadanía".

Sea como fuere, las mencionadas fuentes de la Administración reiteraron que el copago no es una fórmula que contemplen precisamente porque "no ejerce un poder disuasorio" sobre la utilización de recursos innecesarios desde el punto de vista estrictamente asistencial, a la par que "penalizaría proporcionalmente más a los grupos de población más desfavorecidos" que a las clases más pudientes, al contener "mensajes subliminales profundamente negativos que podrían entenderse que culpabilizan al paciente por tener su enfermedad y recurrir a los servicios públicos".

De hecho, y según un documento interno con el que trabaja la Consejería del ramo y al que tuvo acceso Europa Press, los resultados cotidianos de países como EEUU "no sugieren que el copago ejerza gran poder disuasorio sobre la utilización de los recursos".

Así alude al norteamericano como "el caso más claro donde, a pesar de ser el factor económico un poderoso elemento disuasorio, se practican porcentualmente seis veces más intervenciones que en España".

En lo que se refiere a la hospitalización y consumo de recursos, ya sean necesarios como banales, este informe de Salud recoge que países que aplican poderosos copagos disuasorios como Alemania o Francia "doblan, por contra, en actividad a los que no tienen este tipo de tickets".

De esta forma, entiende que son otros los elementos que inciden en el consumo de recursos y, por ende, en el gasto sanitario. Sólo así, a juicio del Gobierno andaluz, puede explicarse que el gasto sanitario público en los países sin copago "sea sistemáticamente menor" que en los que lo tienen: 6.1 en España o 6.9 en Reino Unido frente a 8.0 en Alemania u 8.7 en Francia.

Agrega dicho documento que en España el porcentaje de gasto sanitario o contribución directa real del usuario (out-of pocket) sea "muy superior" a países con copago; 23,6% en España frente al 9,8% de Francia.

"Habida cuenta de la similitud de las carteras de servicios, y de la ausencia de servicios relevantes fuera de la misma, esto solo puede interpretarse en el sentido de que el sistema español es muy eficaz 'expulsando' fuera del sistema público los elementos menos necesarios y eficientes, que son pagados directamente por los usuarios con más recursos sin comprometer la equidad ni el acceso", esgrime.

De igual modo, entiende que el mecanismo de copago, pese a sus posibles elementos de modulación, es "poco selectivo" y afecta "tanto a los servicios necesarios y efectivos como a los no efectivos y menos necesarios".

"Esto se ha demostrado tanto para los copagos en atención primaria y urgencias, como para consultas de especialistas y hospitalización, hasta el punto de que el coste que recae sobre el usuario penaliza proporcionalmente mucho más a los grupos de población más desfavorecidos y conlleva resultados en salud indeseables", añade el mismo documento.BUROCRATIZACIÓN

Junto a todo lo esgrimido, este informe interno advierte de que el desarrollo de un sistema de copago exigiría el desarrollo de un sistema de control y gestión complejo "que implica una estructura de cobro y gestión, la cual exigirá notables inversiones y el desarrollo de toda una casuística normativa relativa a su implantación".

"Aparte de los conflictos con ciudadanos y profesionales, quién cobraría; qué pasaría si alguien no paga; cómo se constatarían las exenciones, o cómo se controla el flujo de dinero", se cuestionan en este escrito, que entiende que en los países con sistemas de reembolso la introducción o la modificación de los copagos "es relativamente simple pues ya existe un sistema de cobro y reembolso", mientras que en Andalucía "significaría generar todo un subsistema cuyo coste cuestionaría cualquier reducción potencial del gasto".

"Si optamos por modelos de copago, una parte relevante del presupuesto sanitario habrá de destinarse a gastos de administración, por lo que una hipotética reducción del gasto sanitario difícilmente supondría una mayor disponibilidad económica", recoge el documento.