El anuncio de inicio de expediente sancionador, recogido por Europa Press, parte de la licencia de obras concedida en 2004 por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera a Ana F.V., para la "rehabilitación de una casa de campo" enclavada en el punto kilométrico 4,5 de la carretera que enlaza este municipio con Montellano. Se trata, en concreto, del cortijo que comparten Manuel Morilla y su esposa, solicitante de esta licencia de obras y ahora objeto de este expediente sancionador.

Y es que el expediente sancionador aborda una "presunta infracción urbanística" al detectar que "se han realizado obras en el caserío que van más allá de una simple rehabilitación o conservación", incluyendo "estructuras de reciente construcción que hacen suponer que se ha procedido a la demolición y nueva planta, actuaciones que exceden la licencia de fecha 1 de marzo de 2004". Los hechos, así, podrían constituir "una infracción urbanística" recogida por la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) y cuya sanción dineraria podría ascender al 75 ó 150 por ciento del valor total de la obra ejecutada.

El primer teniente de alcalde y concejal de Organización y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Morón, Alfonso Angulo (PP), dijo a tal efecto a Europa Press que la Administración local ha incoado "de oficio" este expediente sancionador y recordó que "no es una cuestión política, sino técnica". En ese sentido, consideró que "nadie está por encima de la Ley" y se remitió al resultado del expediente sancionador, actualmente en fase de instrucción.

La oposición

El portavoz del Grupo de IU-CA en este Ayuntamiento, Alejandro Álvarez, ya había aprovechado la celebración de un pleno para reclamar a la Secretaría General del Consistorio que elevase el asunto a la Fiscalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, mientras el portavoz de la Asamblea Moronera Alternativa, (AMA-Morón), Isidoro Albarreal, advirtió de que, por "competencias", correspondería al servicio de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía hacerse cargo del caso.