El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha vuelto a fijarse en su última memoria anual en la actitud del Ayuntamiento de Sevilla y en la tardanza de éste para colaborar con la institución, concretamente a la hora de facilitarle un informe que le había requerido después de que el consistorio no hubiera cerrado un graderío del pabellón deportivo San Pablo que presentaba irregularidades en su instalación.

En el Informe Anual de 2009 del Defensor del Pueblo, consultado por Europa Press, la actuación del consistorio hispalense aparece recogida entre las de las administraciones que han retrasado "notoriamente" su respuesta a los requerimientos del Defensor del Pueblo, ya que el Ayuntamiento sólo contestó a Múgica después de que su colaboración le fuera reclamada en tres ocasiones.

La actuación del Ayuntamiento por el graderío de San Pablo que, según había determinado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estaba irregularmente instalado incumpliendo así el reglamento de celebración de espectáculos públicos, ya fue recogida en el informe correspondiente a 2008.

En la memoria de aquel año, Múgica afeaba la inacción de la administración local y relataba que ésta no había respondido sobre este asunto a sus requerimientos ni a un ciudadano particular que denunció que la grada no hubiera sido precintada.

Este año, la actuación del consistorio vuelve a ser objeto de mención y Múgica informa de que en abril de 2009 pidió al Ayuntamiento un informe complementario sobre la denuncia anterior por "inactividad" al no haber precintado el graderío y de que en septiembre del mismo año se realizó el tercer requerimiento.

No fue hasta después de éste cuando Múgica recibió del consistorio que dirige Alfredo Sánchez Monteseirín el informe solicitado, según recoge la memoria anual del Defensor del Pueblo, que fue entregada hoy por el propio Múgica a los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente.

Del mismo modo, el Defensor dice que en julio de 2008 se pidió al Ayuntamiento un informe sobre la vulneración de los derechos de los ciudadanos en el trámite de consulta de expedientes sancionadores y que el tercer requerimiento por este mismo motivo fue enviado el 16 de abril de 2009. La contestación del consistorio sobre este aspecto no llegó al Defensor hasta el 23 de julio, tras haber recibido esa tercera reclamación.