El Tribunal Supremo archiva una denuncia del PP contra el senador y alcalde de Hellín (Albacete)

El Tribunal Supremo ha archivado una denuncia que presentó el PP contra el senador socialista y alcalde de Hellín (Albacete), Diego García Caro, por "no aparecer motivos suficientes" para acusarle "como autor por cooperación necesaria de un delito de falsedad de documento oficial".

El Partido Popular presentó una denuncia por falsedad documental contra al alcalde de Hellín acusándole de certificar en 2005 la ejecución parcial de unas obras para la construcción de un consultorio médico en Cañada de la Sagra que no habían finalizado y por el que recibió una subvención de la Junta.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal —única parte acusadora— recomienda el archivo de las actuaciones por "no aparecer motivos suficientes para acusar" al alcalde de Hellín "como autor por cooperación necesaria de un delito de falsedad de documento oficial".

Para el Ministerio Fiscal, "la persona que solicitó que se librara la certificación de la ejecución de obra parcial del consultorio fue el funcionario municipal Francisco Roldán y el arquitecto que firmó la certificación, Miguel Ángel Muñoz López".

Dicha certificación fue remitida a la Delegación Provincial de Sanidad por su condición de alcalde de Hellín, por lo que el fiscal considera que no puede sostenerse que entrañe un dolo falsario "en una certificación de obra, realizada sin su participación y referida a una obra cuya ejecución material no tenía que vigilar".

Historia del centro

Los hechos se refieren a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Hellín y la Consejería de Sanidad el 6 de julio de 2005 para la construcción de un centro médico en la localidad de Cañada de Agra por el que la Junta aportaba 50.000 euros siempre que las obras estuvieran concluidas antes del 15 de noviembre.

Antes de que finalizara el plazo, el Ayuntamiento solicitó una prórroga de esta condición y se acordó el 20 de diciembre. El 15 de diciembre, "dado que dichas obras aún no se habían iniciado", un funcionario municipal requirió al arquitecto y al contratista la certificación parcial de la edificación.

El 16 de diciembre se aprobó la certificación parcial de la obra por Diego García Caro y ese mismo día se dirigió escrito a la Delegación Provincial de Sanidad, que abonó la cantidad proporcional a la obra certificada, esto es, 36.337,85 euros.

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