La Fundació Illes Balears, presidida por el ex jefe del Ejecutivo autonómico Gabriel Cañellas, reclama unos 60.000 euros al Ayuntamiento de Andratx correspondientes al periodo comprendido entre abril y septiembre de 2007 del convenio por el que la entidad privada cedió al consistorio el uso de la Torre de Sant Elm, y que según postula el Consistorio únicamente sirvió para desviar fondos a la Fundació.

Durante el juicio celebrado esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Palma por la demanda interpuesta por la Fundació a raíz de este impago, y en el que prestaron declaración como testigos el propio Cañellas, el ex alcalde Eugenio Hidalgo y el actual portavoz del PP en el municipio, Jaume Porsell, el letrado de la entidad privada, Francisco Gilet, defendió la "idoneidad" de los dos convenios que en total fueron rubricados con el Ayuntamiento -en mayo de 2006 y en abril de 2007- ya que fue por una "causa lícita y pertinente" como la celebración de actos socioculturales.

Además, recalcó que la demanda de la Fundació ha quedado "suficientemente acreditada" ya que "se ha dado cumplimiento a todos los elementos del convenio", ello pese a que, lamentó, el Ayuntamiento "difunde sospechas sin fundamento".

Sin embargo, desde el Consistorio, parte demandada en este procedimiento, solicitan la desestimación "íntegra" de la denuncia, que tildaron incluso de "temeraria". Tal y como aseveraron, las cantidades acordadas dejaron de abonarse cuando en el Consistorio detectaron que las actividades que debían llevarse a cabo no estaban justificadas y los documentos que pretendían justificarlas "no eran legales".

Antes de la fase de conclusiones, la jueza Gemma Robles y los abogados de las partes interrogaron a una decena de testigos. El primero en comparecer, Hidalgo -quien fue excarcelado del centro penitenciario de Palma, donde cumple condena por una pieza del caso Andratx- recordó que tras hablar con Cañellas dos años antes sobre la necesidad del convenio, lo puso en manos de los técnicos para ver si era legal y éstos le dieron el visto bueno, tras lo cual procedió a su firma".

No obstane, apuntó que "si hay que leer convenios que no entiendes porque eres político o porque son más de treinta folios, al final te amparas en el buen hacer de los técnicos", justificó el ex primer edil, quien negó tajantemente que el acuerdo fuera "una simulación para transferir ingresos a la Fundació".

En esta línea, Cañellas aseveró que antes de la firma del primer convenio el Ayuntamiento no utilizó la Torre ya que era Bien de Interés Cultural (BIC) y no estaba permitido, justificando así el pago por la cesión a partir de 2006. Unas cantidades que se traducían en 4.500 euros trimestrales por los usos de la Torre-que aún así no cubrían la totalidad de gastos que requería el mantenimiento de la edificación- y 18.000 como aportación "voluntaria" para los fines globales de la Fundació -la rehabilitación de la Torre- y que "no hacía falta justificar".

Sin embargo, la regidora de Cultura, Antònia Ensenyat, recordó que en torno a abril de 2007 solicitó informes jurídicos y de intervención tras detectar partidas "muy elevadas en la contabilidad municipal" relativas al convenio por actividades que "prácticamente no se habían hecho". Unos actos que "perfectamente podían haberse realizado en las dependencias del castillo de Son Mas, sede del Ayuntamiento", por lo que se procedió a la interrupción de los pagos, y Cañellas fue a verla posteriormente para decirle que "el dinero era para el pueblo" y justificar que la reformar del castillo "era muy costosa".

"Por desgracia era muy difícil acceder a la información de estas actividades", aseveró la testigo. Tras ella, Porsell, alcalde en la época en que fue firmado el segundo convenio, defendió que disponer del Castillo de Sant Elm fue una "decisión política" y manifestó que se trataba del "lugar ideal" para la realización de actividades socioculturales, un "enclave emblemático" y la pretensión era "dar un realce a la zona".

Imputados por el presunto desvío de fondos

Cabe recordar que Cañellas, Hidalgo y Porsell se encuentran imputados en el caso que de forma paralela tramita el Juzgado de Instrucción número 7 por el presunto desvío de fondos en la cesión de la edificación y en el que se investiga si se cometieron delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento y defraudación a la administración. Es por ello que el letrado de la acusación particular -en nombre del Ayuntamiento-, Pablo Alonso de Caso, consideró necesaria la suspensión del proceso civil a la espera que sea resuelto el penal.

En declaraciones a los medios a la finalización del juicio, Alonso de Caso aseveró que el convenio "es nulo de pleno derecho porque la causa que lo motivó es ilícita". Se da la circunstancia de que el abogado declaró como tetigo en la vista, donde manifestó que las actividades por las que se rubricaron los acuerdos "no han quedado fehacientemente acreditadas" y el "90 por ciento" de los documentos con los que se pretendieron justificar "no son legales" al ser faturas fuera del ámbito temporal del convenio o no estar relacionada con el objeto, como "tickets de gasolina".

Cañellas, por su parte, manifestó a los medios que la querella interpuesta para dar inicio al anterior proceso penal "es una querella a la catalana que se presentó con la intención de frenar el proceso civil", cuya demanda fue registrada meses antes de la querella.