En sus alegatos, tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por el gabinete Iberforo Valladolid Abogados, mantuvieron sus conclusiones y peticiones de pena, en el primer caso de 4 años de cárcel y en el segundo de 3 años, junto con la obligación de indemnizar a la junta de comuneros con las cantidades supuestamente apropiadas, mientras que la defensa sostuvo la inocencia de su patrocinado y pidió por ello un fallo absolutorio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El acusado, al que se imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con otro continuado de apropiación indebida, declaró que las facturas falsificadas no tenían otra finalidad que poder justificar determinados gastos realizados en beneficio de la comunidad de los que carecía de soporte físico y rechazó haberse quedado con un solo euro de las cuentas de sus convecinos.

Sin embargo, ambas acusaciones coinciden en que Antonio M.B, de 62 años y presidente de la Comunidad de Propietarios del inmueble número 1 de la calle Alamillos entre febrero de 2001 y abril de 2005, falsificó una serie de facturas "con el fin de incrementar su patrimonio a costa del dinero" del resto de los comuneros.

Así, siempre según la versión de los acusadores, entre los meses de enero, febrero, agosto y septiembre de 2004 confeccionó cuatro facturas que aparentaban haber sido emitidas por la empresa 'Serteca', encargada del mantenimiento de las calderas del edificio, y de este modo, supuestamente, se quedó con el importe de las mismas, que ascendía a 7.031 euros.

Además, en una factura de 29 de diciembre de 2004 realmente emitida por la empresa 'Electricidad Rincón' añadió nuevos conceptos y manipuló el importe, que ascendía a 180 euros pero que fue sustituido por la cifra de 900,87, quedándose con los 720,87 de diferencia.

Con posterioridad, confeccionó un recibo de fecha 21 de marzo de 2005 aparentemente emitido por la empresa 'Seymaco', que había realizado reparaciones en la fachada del edificio, y de este modo, según también los acusadores, se quedó con 14.606 euros, al tiempo que se le imputa haber intervenido el 1 de julio de 2004 en la venta de una vivienda del inmueble, inicialmente destinada al portero, operación por la que la comunidad obtuvo 126.213 euros, si bien de la misma tan sólo habría ingresado en la cuenta comunal 81.128, a pesar de que únicamente se han acreditado gastos por valor de 3.000 euros.