"La medida propuesta por un nuevo real decreto significaría de hecho una expropiación sin indemnización a los propietarios, que han invertido en una industria que tiene un período de amortización de 20 años de generación", afirmó el presidente de ANPER Justo Montero.

Montero participó hoy en Lleida en una asamblea de ANPER con productores de Catalunya, Aragón, Navarra y País Vasco, contra el anuncio del Ministerio de Industria de recortar un 30% la tarifa aplicable para todas las plantas instaladas antes de septiembre de 2008, una propuesta que si prospera, ANPER denunciará a la Agencia Europea de la Energía.

La asociación también ha mostrada su queja a las embajadas de Francia, Alemania y Estados Unidos después de que el vicepresidente norteamericano Joe Biden, llamara a Moncloa a finales de mayo para protestar por la posibilidad de aplicar de manera retroactiva el nuevo marco regulatorio a inversores estadounidenses.

CiU es el partido político que más a defendido hasta ahora a los productores de energía solar. Su portavoz económico en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, ha dicho en varias ocasiones no respaldará "ningún planteamiento" que suponga revisar "con carácter retroactivo las primas de las energías renovables". En Bruselas, el diputado Ramon Tremosa denunció la semana pasada ante el Parlamento Europeo que la retroactividad fotovoltaica, atenta contra la carta europea de la energía y los acuerdos de promoción y protección recíproca de Inversiones suscritos por España.

La asociación creada el 10 de junio, que agrupa a 1.050 productores, con un crecimiento de 150 diarios, sostiene que bajo la regulación del real decreto 661/07 se han construido en España alrededor de 3.200 megavatios de potencia solar fotovoltaica repartidas en unas 50.000 instalaciones por todo el territorio.

Según la entidad, la retroactividad de la tarifa, que no tiene cabida en la ley que regula el sector eléctrico, llevaría a la ruina a 50.000 productores.

Argumenta también que afectaría negativamente a la valoración riesgo país con el consiguiente aumento del coste de la deuda soberana y la pérdida de recursos de inversión para apoyar una recuperación del país.

Montero se refirió así a los 15.000 mil millones de deudas en "project finance" con los que, según sus datos, tendría que lidiar la banca internacional. "Harían aumentar el riesgo país en al menos 60 puntos básicos (al menos 4.000 millones de euros), más al menos la mitad de los 10.000 millones prestados por cajas y bancos serían insolvencias de las cuales, al menos un 20% definitivas (1.000 millones).

Justo Montero, que insistió en que el recorte se llevará también la "oportunidad de subirnos al carro de las energías alternativas, señaló en la asamblea que los 60.000 parados que podría provocar supondrían un gasto para el Estado de 360 millones de euros al año en subsidios, a lo que se sumaría el impuesto que las empresas dejarían de pagar.

Los productores de Anper se han reunido en Lleida la víspera del encuentro que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, tiene previsto mantener mañana lunes con tres asociaciones que representan a la industria fotovoltaica (ASIF, APPA y AEF).