Así consta en un informe de Mercasa, al que tuvo acceso Europa Press, y que también señala que la densidad de centros comerciales en la Comunitat Valenciana es de 320 metros cuadrados (m2) de SBA (superficie bruta alquilable) por cada mil habitantes, una cifra superior a la media nacional que es de 287 metros cuadrados.

El informe destaca que un dato más interesante que el número de centros comerciales que tiene cada comunidad autónoma, puede ser el de la densidad de centros comerciales medida por los metros cuadrados de SBA por cada 1.000 habitantes.

Desde este punto de vista, la media en España en 2009 es de 287 metros cuadrados de SBA por cada 1.000 habitantes. Este índice podría servir como indicador para medir la posible saturación de los centros comerciales por comunidades autónomas en España.

En este sentido, las comunidades autónomas que superan este índice medio son Madrid (464), Asturias (431), Murcia (395), Aragón (364), País Vasco (360), Canarias (359), Comunitat Valenciana (320), La Rioja (310) y Navarra (304).

Por el contrario, las comunidades autónomas con una menor densidad de centros comerciales serían Extremadura (112), Cataluña (162), Baleares (163), Ceuta (172), Castilla y León (206), Galicia (210), Castilla-La Mancha (213), Cantabria (214) y Andalucía (271).

El informe destaca los datos de este indicador en Madrid (464), con la mayor densidad de centros comerciales en España, y los datos en Cataluña (162), con la menor densidad después de Extremadura.

Indica al respecto que estos datos pueden tener cierta explicación basada en las diferentes políticas comerciales desarrolladas en los últimos años en estas dos comunidades autónomas desde la aparición de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista en 1996. Esta ley determina que para la instalación de grandes superficies (superficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados) es necesaria una licencia específica de la comunidad autónoma.

En estas circunstancias, para el caso de Madrid, el informe indica que la política comercial ha sido aperturista, concediéndose la mayoría de las licencias solicitadas; mientras que la política comercial de Cataluña ha sido contraria a la apertura de grandes superficies comerciales como medida protectora del pequeño comercio.