El Govern, a través de CAIB Patrimoni, abonó en abril de 2005 un total de 28.000 euros mediante un procedimiento negociado sin publicidad a la empresa Atlas Capital pese a ser "absolutamente innecesario" este gasto y sin que ésta desarrollase finalmente "servicio alguno", que debía traducirse en la asistencia técnica para la redacción de las cláusulas de tres concursos de adjudicación dirigidos a la construcción de tres edificios administrativos de las Consellerias de Salud, Educación y Medio Ambiente.

Así consta en la querella que interpuso la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, por el presunto desvío de fondos públicos producido durante la pasada legislatura en el proceso de construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salud y del parque de bomberos de Palma, unos hechos que están siendo investigados en el marco del denominado caso Bomsai, cuyo secreto fue alzado el pasado lunes.

Así, tal y como denuncia el Ministerio Público en la querella incluida en el amplio sumario del procedimiento, los 28.000 euros fueron cobrados por Atlas y Squire Sanders "sólo por presentar el presupuesto u oferta, sin desarrollar ningún tipo de trabajo o servicio" -sin que hubieran desarrollado pliego de cláusulas alguno sobre los proyectos de Educación y Medio Ambiente ya que "no se llegaron a iniciar"-, y menos de un mes después de la adjudicación.

De acuerdo a la acusación pública, no es necesario acudir a una consultoría externa para la redacción de los pliegos de un concurso cuando en la Conselleria de Economía hay "suficientes recursos humanos y técnicos" para ello y "se supone que las unidades de contratación de las que dispone cada Conselleria se dedican precisamente a dicho menester". Sin embargo, prosigue la Fiscalía, "admitiendo hipotéticamente la falta de recursos propios, lo que es innegable es que el precio de dicho servicio es totalmente desproporcionado".

Todo ello, además, sin que se contase con un exhaustivo estudio de viabilidad de la actuación, ni con un presupuesto de ejecución de los proyectos -ni siquiera CAIB Patrimoni contaba con la disposición de los solares cedidos para la construcción de los tres edificios-. Únicamente se disponía de un proyecto arquitectónico respecto a uno de los edificios, el de la Conselleria de Salud.

"indefinición" del objeto del procedimiento

El Ministerio Fiscal detalla los numerosos defectos en el procedimiento iniciado y apunta a la "indefinición" del objeto de éste, además de poner de manifiesto que el contrato es redactado por una empresa distinta a la adjudicataria del procedimiento. Seis empresas fueron las que presentaron sus propuestas -Consultores de Administraciones Públicas, Cuatrecases, Pricewatershousecoopers, Richard Ellis, KPMG y Atlas-, de las que únicamente las dos primeras podían ser admitidas al ajustarse al presupuesto de licitación -30.000 euros-.

Pese a ello, el procedimiento sin publicidad finalizó con la adjudicación de éste a Atlas, que percibiría unos honorarios de 28.000 euros más IVA y así como unos 'honorarios de éxito', por parte del adjudicatario de las construcciones, del 1,8 por ciento del volumen de inversión de cada uno de los proyectos. Una cláusula en base a la cual la UTE adjudicataria del proyecto de Sanidad, Camino de Jesús 40 S.A., pagó a Atlas un total de 142.848 euros.

"No puede llevarnos a engaño el hecho que sea la UTE adjudicataria la que abona los denominados honorarios de éxito, puesto que los mismos se incorporan al coste del proyecto y por tanto son sufragados directamente desde las arcas públicas", asevera el Ministerio Público.

Cabe señalar que, en concreto, la Fiscalía dirige la querella contra el ex conseller de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, el ex director general de Tributos y Recaudación, Jorge Sainz de Baranda, el ex gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, el ex director general de Emergencias, Joan Pol, el consejero delegado de Atlas, Pablo Cervera, el de Squire, José Bonilla, el administrador de la mercantil Gestión de Proyectos Balear, Federico Rodríguez, y el administrador de Llabrés Feliu, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho.