Por este motivo, estas entidades han pedido al Congreso de los Diputados que exija al Ministerio que se aclaren tanto la metodología con que han sido elaborados, "como los intereses a los que responden los autores de los estudios", puntualizaron.

Afirmaron que los representantes del sector están "hartos" de que digan que el sector debe sufrir un gravísimo impacto económico, por motivos de salud pública, mientras el Gobierno "no rinde cuentas sobre la validez de los que se vienen anunciando, ni realiza un estudio riguroso sobre el impacto económico de la prohibición total".

Además, criticaron que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno "ha elegido el método menos transparente para promover la ley, como es la presentación de la misma por vía Proposición de Ley, evitando así todos los mecanismos de control que requiere la tramitación por Proyecto de Ley, un procedimiento en el que habrían participado el Consejo Económico y Social o el Consejo de Estado, entre otros".

Así, el sector está a favor de promover y participar en la lucha contra el tabaquismo, "pero no a través de leyes prohibicionistas justificadas de forma inconsistente y con un profundo desconocimiento del funcionamiento del sector ocio, basadas en estudios con metodología, conclusiones y autores opacos".

Afirmaron que "ante la proliferación de informes en los que aparecen errores de bulto y estimaciones peregrinas que denotan un total desconocimiento del funcionamiento de los locales de ocio y la actividad hostelera en su conjunto, el sector cree necesario reclamar un análisis en profundidad de la información que se viene ofreciendo a la opinión publica sobre el impacto económico de la ley en el sector turístico y recreativo y los mensajes alarmistas sobre el peligro de la profesión hostelera".

Finalmente, ante la introducción de la Proposición de Ley en el Orden del Día del Pleno del Congreso de los Diputados del próximo martes, 22 de junio, las organizaciones autonómicas del ocio nocturno han hecho un llamamiento a los grupos para votar en contra de la toma en consideración de la proposición de Ley y su devolución, para que el Gobierno tramite este proyecto "de la manera más adecuada", con los estudios y participación previa precisos, "para llegar a una buena solución que avance en la solución, pero sin crear un problema mayor", dijeron.

"debilidad" de informes

El primero de los datos que el sector hostelero y recreativo cuestiona es el de que los países que han hecho leyes más restrictivas sobre la prohibición de fumar en lugares públicos son los que más han reducido el número de fumadores, como se ha tratado de defender desde el Ministerio.

En este sentido, los datos del Eurobarómetro facilitados por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de mayo, permiten realizar un estudio comparativo sobre la evolución del número de fumadores durante los últimos años. Así, en España, desde la entrada en vigor de la Ley 28/2005, se ha incrementado un punto porcentual en el número de fumadores, pasando del 34 al 35 por ciento, es decir, incrementándose un 2,94 por ciento el número de fumadores.

Pues bien, frente a esta interpretación del Ministerio, los datos de los únicos países que han aprobado la prohibición total de fumar en lugares públicos, como son Irlanda y Chipre, "contradicen la explicación del Ministerio". En el caso irlandés, el porcentaje de fumadores ha pasado del 29 al 31 por ciento, es decir, ha crecido 2 puntos porcentuales el número de fumadores, es decir, se ha incrementado un 6,89 por ciento la población fumadora; Y, en el caso de Chipre, se ha pasado de un 31 a un 32 por ciento, lo que supone un crecimiento de la población fumadora del 3,22 por ciento.

Otro de los "disparates" que sobre el impacto económico de la ley en la hostelería han defendido los asesores del ;inisterio es el de que son las empresas de comida rápida —aquellas en las que es mas habitual la prohibición de fumar— las que más han crecido durante la crisis (+3 por ciento), "ignorando que es precisamente en los periodos de crisis en los que se produce un mayor incremento de la comida 'fast food'", lamentaron.

En definitiva, indicaron que "las dudas apuntadas y el grave daño al sector que provocaría la prohibición total de fumar en espacios públicos, especialmente en la hostelería y ocio nocturno, exigen mayor rigor y transparencia en la información".