La denuncia, recogida por Europa Press, detalla que este trabajador eventual, identificado como Juan José G.R., inició el 8 de mayo de 2009 su relación laboral con el Ayuntamiento, gobernado por Juan Garrido (IU-CA), trabajando con la categoría laboral de educador social en la modalidad de sustitución. Hasta obtener la baja laboral "por depresión" con asistencia psicológica a consecuencia de "la situación padecida en su ámbito laboral, el trabajador señala en su denuncia que fue víctima de un "trato intimidatorio" y "palabras peyorativas" por parte de Inmaculada Cordero, a la que atribuye una "vulneración" de los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

En concreto, a lo largo de la denuncia, este trabajador que cayó en baja por depresión relata diversas situaciones en las que la concejal se dirigía a él con expresiones como "tú eres tonto, gilipollas o qué" o "tú te irás cuando a mí me salga del coño", además de dedicarle "continuas" amenazas en cuanto a la apertura de un expediente disciplinario.

"tono agresivo y prepotente"

Igualmente, y siempre según la denuncia, la concejal de Tercera Edad, Género, Juventud, Salud, Inmigrantes y Discapacitados, levantaba la voz "en tono agresivo y prepotente" contra este trabajador, cuya profesionalidad "cuestionó" llegando a "desconfiar en público y sin motivo" de su trabajo, dado que incluso le habría espetado que "le faltaba vocación".

La denuncia relataba además cómo le fue retirado el Plan de Acción de Inmigración del Ayuntamiento y una negativa al pago de horas extraordinarias realizadas merced al Maratón Popular, además de una expulsión de unas instalaciones municipales en la que la concejal le habría atribuido "infantilismos" al denunciante, que finalmente causó baja por depresión. Por eso, la denuncia advierte de una "vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral" de este trabajador y reclama que "cese del acoso moral".

Durante la vista oral, según relató a Europa Press el propio ex trabajador eventual, su representación ha reclamado una indemnización de 2.600 euros por la "vulneración de derechos fundamentales" sufrida, si bien la representación jurídica del Consistorio ha negado los hechos denunciados y se ha amparado en los testimonios de varios de los trabajadores del Ayuntamiento que no han corroborado la versión de Juan José G.R.