Así lo informaron fuentes judiciales a Europa Press, que explicaron que será así esta sección la que se encargue de resolver la impugnación. Ambos recursos fueron presentados después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, desestimase los de reforma que interpuso la defensa contra el auto de prisión y el que avalaba la legalidad de las escuchas exhibidas el mismo día en que estaba prevista la declaración judicial de Matas.

En concreto, en el caso de la fianza y el resto de medidas cautelares dictadas contra Matas, Castro aboga por mantenerlas al aseverar que el ex jefe del Ejecutivo autonómico es "tan vulnerable como cualquier otro a la tentación" de situarse al margen de la justicia, y afirma que "buena prueba" de que podría eludir la acción judicial radica en que "a ello han sucumbido personajes que están en el recuerdo de todos y que no hace falta citar".

En este sentido, el juez considera "inasumible" en su auto, al que tuvo acceso Europa Press, reservar la medida cautelar de prisión "para las personas que en la concepción pública permanecen en el anonimato". Es más, asevera incluso que las imputaciones recogidas en la resolución en la que el pasado 30 de abril decretó prisión preventiva constituyen una "selección de entre otros muchos hechos reprochables que aparecen en la causa pero que, al no venir avalados por el momento por serios y contundentes indicios, se ha optado por excluirlos del repertorio".

Mientras tanto, Castro también rechazó el recurso de reforma que presentó Perera al alegar indefensión ante las conversaciones telefónicas aportadas por el juez y que justificó en el desconocimiento que tenía de la existencia de estas grabaciones. El letrado, al pedir la exclusión de estas escuchas, sostuvo que al encontrarse entonces su cliente en Estados Unidos, la única vía que tenía para comunicarse con él era telefónica y consideró que estas conversaciones forman parte del ámbito privado, razón por la cual defendió su exclusión de la investigación.

Cabe recordar que sobre el ex ministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar pesan un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación administrativa, uno de fraude a la administración, siete de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último electoral, castigados con hasta 64 años de prisión.