En la comunicación a la CNMV, recogida por Europa Press, el proceso está sujeto a la formalización de los acuerdos correspondientes, así como a la aprobación definitiva de los órganos de gobierno de las cajas y de las autoridades administrativas competentes.

En concreto, los consejos de administración de las cuatro entidades aprobaron el pasado 2 de junio la suscripción de un protocolo de integración en el que se determinan las bases para la creación de un grupo económico consolidable de base contractual con la calificación de Sistema Institucional de Protección (SIP) formado por las cuatro cajas.

La nueva sociedad central, que adoptará la forma jurídica de un banco, estará participada en un 39 por ciento por Caja Murcia, un 27 por ciento por Caixa Penedès, un 19,5 por ciento por Caja Granada y un 14,5 por ciento por Sa Nostra.

El nuevo grupo financiero, que nace como "respuesta natural y refuerzo a los vínculos de cohesión y coherencia territorial", se convierte en el quinto del sistema de cajas español por fondos propios, con 3.855 millones de euros; el sexto por volumen de negocio, con algo más de 103.433 millones; el sexto, igualmente, por beneficios antes de impuestos (BAI), con 256 millones; el séptimo por volumen de activos, con 73.055 millones y el cuarto, por número de oficinas, con 1.703.

En concreto, la sociedad central, que adoptará la forma jurídica de banco, será la responsable de la definición y gestión de las políticas financieras y operativas del grupo, entre ellas, gestionará la solvencia; diseñará la estrategia corporativa; el negocio mayorista; definirá la gestión de riesgos o la planificación tecnológica.

El consejo de administración del grupo, en el que estarán representadas las cuatro entidades, contará con 16 miembros: cinco en representación de Caja Murcia; cuatro en representación de Caixa Penedès; tres en representación de Caja Granada; dos en representación de Sa Nostra y dos independientes.

Ya ayer el presidente de CajaGranada, Antonio Jara, explicó que actualmente este SIP "trabaja en las mesas sectoriales intensamente con equipos técnicos de las cuatro entidades".

De esta forma, pretenden tener ultimado el contrato de integración para finales de junio o inicios de julio "que será el momento en el que los respectivos consejos de administración deberán tomar una decisión sobre el contrato de integración, un documento que compromete obligacionalmente a las entidades y a partir de ese momento habrá que plantearse la convocatoria de las asambleas de las cuatro entidades, algo previsto para mediados de septiembre".