La asociación ecologista ARCA ha solicitado a los tres grupos con representación en el Parlamento cántabro (PP, PRC y PSOE) que se opongan a modificar la Ley del Suelo y del POL (Plan de Ordenación del Litoral) para impedir la ejecución de sentencias de derribo y que insten al Gobierno de Cantabria a refundir los once textos legales en que se encuentra "dispersa" la normativa urbanística regional.

En este proceso de refundición, ARCA estaría dispuesta a discutir la introducción de las mejoras que se estimen oportunas, con el "necesario protagonismo" del Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) y el Consejo Económico y Social (CES).

Mientras tanto, la asociación ecologista considera "demencial" que sea un miembro del Ejecutivo quien inste al Parlamento "a impulso de nuevos cambios en la Ley del Suelo", sobre todo cuando esta Ley ya ha sufrido la modificación de 20 de sus 264 artículos, algunos de ellos "en dos y hasta en tres ocasiones diferentes", según recalca ARCA en un comunicado.

A esta "lluvia de retoques legales" se suma que una de las cuatro Disposiciones Adicionales ha sido modificada "en tres ocasiones", y que se han introducido "seis modificaciones en las diez Disposiciones Transitorias y que se han creado otras dos nuevas", precisó.

Normativa urbanística dispersa en 11 TEXTOS

El resultado es que la normativa urbanística básica de Cantabria se encuentra "dispersa y fraccionada" en once textos legales, generando un "importante grado de opacidad e inseguridad jurídica".

En opinión de ARCA, seguir introduciendo modificaciones en la Ley del Suelo sería una "auténtica irresponsabilidad", sobre todo si "van dirigidas expresamente a impedir la ejecución de unas sentencias firmes" y si recogen propuestas "tan negativas" como "la eliminación del paisaje como bien jurídico a proteger en Cantabria".

Un grupo de trabajo para analizar los derribos

ARCA ha reiterado a los grupos parlamentarios la necesidad de crear un grupo de trabajo que analice las sentencias de derribo desde "distintas ópticas" y con la participación de expertos en debates abiertos al público.

Lo que propone ARCA es que el grupo de trabajo elabore un informe con cuatro objetivos esenciales, siendo el primero de ellos garantizar el respeto y el cumplimiento de la legalidad urbanística vigente.

Junto a ello, apuesta por adoptar medidas legales contra la especulación y el desarrollo insostenible, "recortando si es preciso las competencias municipales en materia urbanística".

Asimismo, reclama una "cultura de transparencia" con el fin de informar y dar cauces de participación a los ciudadanos en la gestión del suelo; y propone que se establezcan protocolos para que las personas que hayan adquirido "de buena fe" una vivienda afectada por una sentencia de derribo puedan obtener una compensación o indemnización adecuada.