Según explicó el Consejo Consultivo en un comunicado, el conflicto entre los dos municipios gaditanos limítrofes tiene su origen en septiembre de 2007, cuando el Pleno del Ayuntamiento chipionero decidió crear una comisión de deslinde e iniciar las gestiones para recuperar parte de un terreno en el que, en la práctica, venía ejerciendo funciones Rota.

Rota, tras expresar su desacuerdo, creó su propia comisión de deslinde y acudió al arbitraje de la Dirección General de Administración Local, que, tras consultar al Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio y el Instituto Cartográfico de Andalucía, concluyó que no existen motivos para modificar la marca de separación legal existente.

La línea divisoria entre Chipiona y Rota fue "consensuada libremente por representantes de ambos municipios, tal y como figura en el acta de 1873", señaló la Comisión, que añadió que esa decisión "no ha sido revocada formalmente ni ha dado lugar a conflicto alguno a lo largo de más de un siglo".

En este sentido, expuso que, Rota, de hecho, urbanizó en solares de Chipiona "sin protesta alguna" de sus vecinos porque los planes generales de ordenación urbana realizados por ambos municipios "no se acomodaron al reparto territorial establecido a finales del siglo XIX".

Tras consultar la planimetría de los planes de urbanismo, la Delegación de Ordenación del Territorio elaboró un informe en el que explicó que en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) elaborados por Chipiona en 1957 y por Rota en 1958 "no se ordena la totalidad de los términos municipales, reflejándose únicamente los núcleos urbanos. Por lo tanto, no se recogen los límites de los términos municipales".

La primera referencia a los límites de la que se tiene constancia se halla en el Plan General de Chipiona de 1983, que fija la marca divisoria en el área de La Ballena. La falta de adecuación al territorio de los PGOU "ha generado una situación de hecho que no se corresponde con la situación de derecho".

El dictamen

El dictamen facultativo elaborado por el Consejo Consultivo a petición de la Consejería de Gobernación concluye que los datos del Instituto de Cartografía, el acta de 1873 y la abundante jurisprudencia existente, incluidas varias sentencias del Tribunal Supremo (TS), vendrían a justificar la pretensión de Chipiona y a mantener los límites ya fijados.

Entre la jurisprudencia referida, citó una sentencia de julio de 2008 del TS en la que textualmente se especifica que "la Administración, para resolver los expedientes de deslinde, ha de basarse, en primer lugar, en lo que resulte de deslindes anteriores practicados de conformidad con los municipios interesados y sólo a falta de documentos expresivos, deberán tenerse en cuenta aquellos otros documentos que, aun no siendo de deslinde, indiquen o reflejen de modo preciso la situación de los terrenos en cuestión".

Puesto que estas circunstancias no se producen, o, al menos, no han sido documentadas, el Consejo Consultivo estima en su dictamen "no vinculante" que la Consejería de Gobernación puede denegar el establecimiento de una marca distinta a la de 1873.

No obstante, el Consejo Consultivo también concluye que se podría tramitar un expediente de alteración de los términos municipales "en la medida en que Rota haya venido ejerciendo pacíficamente y de buena fe sus competencias en el territorio controvertido".