En declaraciones a los periodistas durante una vista a Santiago de Compostela, Chaves aseguró hoy que el Estado "no puede intervenir" en la modificación regional e insistió en su rechazo a que la situación marque "ningún tipo de desigualdad entre los ciudadanos españoles".

Así, insistió en que el Gobierno central "tiene sus competencias y las comunidades autónomas tienen las suyas", por lo que son las regiones las que deben tomar las decisiones sobre la subida del tramo autonómico del IRPF y de otros impuestos especiales, como el tabaco y los combustibles. "Es "una de las características de un estado descentralizado políticamente", añadió.

"Tienen la facultad para subir los impuestos a las rentas que consideren necesario o para bajarlos si lo creen así", resolvió Chaves, después de que su sucesor en la Presidencia andaluza y el presidente de Extremadura anunciaran ayer que subirán los impuestos para quienes cobran más de 80.000 y 60.00 euros, respectivamente.

Adelgazamiento de la administración

Por otro lado, Chaves también subrayó hoy que el proceso de adelgazamiento de la administración central está "en marcha", aunque destacó que "tiene más de simbólico que de ahorro" y advirtió de que este procedimiento no es "la solución a la crisis".

Al respecto, mantuvo que estas medidas y el propio plan de ajuste son la forma del Gobierno de pedir "un esfuerzo nacional y solidario". "Se le pide a todas las administraciones y a todos los partidos, aunque las respuestas son muy dispares", puntualizó.

Así las cosas, dado lo "simbólico" de estas actuaciones, reprobó que se haga "demagogia" sobre ellas. "Como si el adelgazamiento de la administración fuera la solución a la crisis que estamos atravesando", incidió Chaves.

Preguntado sobre si la estrategia de reducción del gasto público conllevará la supresión de alguna cartera ministerial, el vicepresidente se limitó a señalar que la Ley del Gobierno "es absolutamente clara" cuando dice que "la facultad de estructurar el Gobierno corresponde al presidente". "No sé lo que a hacer", zanjó.

Lo que sí avanzó es la eliminación de un centenar de subdirecciones generales correspondientes a las 30 direcciones generales que ya han sido suprimidas o "se van a fusionar". "El proceso está en marcha", destacó.

En la misma línea, en cuanto a la posibilidad de recortar la administración periférica, Chaves consideró que "sería un error" iniciar una tendencia de desaparición de la presencia de la Administración General del Estado en el conjunto del país.

"Yo nunca estaré de acuerdo, ni mi Gobierno, ni el partido que lo sustenta", insistió, para justificar su postura en que la Administración General del Estado tiene que estar representada "en el norte, el sur, el este y el oeste" de España, es decir, "en todas las provincias españolas".