Según informaron en posterior rueda de prensa al consejo la portavoz del Gobierno y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya y el consejero de Economía y hacienda, Jaime Rabanal, el anteproyecto de ley será remitido mañana al Parlamento.

"Apelamos a la responsabilidad y la coherencia de los grupos para que el mismo sea aprobado", dijo Migoya, que no quiso explicar si los consejeros de IU se opusieron o no a las medidas. Así indicó que el Gobierno "ya ha cumplido con su función y su obligación" y mostró su confianza en que finalmente se apruebe en la Junta.

En lo que se refiere a la subida de tributos, Jaime Rabanal explicó que se ha decidido subir el tramo autonómico del IRPF creando dos tramos. Así para las rentas de más de 2100.000 euros anuales el tipo sube del 43% al 45%; mientras que las superiores a los 175.000 euros el tipo sube al 46%.

En el impuesto de Sucesiones y Donaciones, el proyecto de ley contempla la subida de un punto en las herencias de más de 400.000 euros y dos puntos para las que superen los 800.000. Se mantienen todos los beneficios fiscales para las rentas más bajas.

Por su parte el impuesto de Transmisiones y actos jurídicos el tipo pasa del 7% al 8%; mientras que el cánon de saneamiento sube un 10 por ciento.

"Según las previsiones y estimaciones, los cambios en el IRPF, que afectarán a 6.700 contribuyentes, supondrán unos 17,7 millones de euros más; el de Patrimonio recaudará 18 millones más y afectará a unas 50.000 operaciones jurídicas; con los cambios en el impuesto de Sucesiones preveemos recaudar 1,4 millones más y con el canon de saneamiento 2,7 millones", dijo Rabanal, que explicó que la intención es "tratar de volver a una situación de equilibrio de las cuentas con medidas ordenadas y progresivas".

Recorte funcionarios.

En cuanto a las medidas en materia de personal, la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, explicó que el proyecto de Ley aprobado está basado en criterios de "progresividad reduciendo más a los que más ganan". Así se ha establecido un baremo que van desde la bajada del 1,95% para los funcionarios del nivel E, hasta el 7,31% de los niveles más altos.

En el caso de los altos cargos y contratos de alta dirección el recorte aplicado será del 8% y del 9% en el caso de los miembros del Gobierno. En el caso de los funcionarios que cobren menos de 949 euros al mes, no se verán afectados por el recorte.

Todo ellos en se aplicará en el caso de los funcionarios ya que en el caso del personal laboral se aplicará una bajada lineal del 5%, al no aceptar los sindicatos de la mesa de Función Pública la propuesta del Gobierno que pretendía que las bajadas fuesen también progresivas.