La Comisión de Seguimiento del plan de actuación sobre derribos ha acordado remitir mañana, martes 8 de junio, al Parlamento de Cantabria los tres textos planteados para solucionar este problema: el elaborado por el Gobierno regional, el del Ayuntamiento de Piélagos, y un tercero redactado por los consistorios de Argoños, Arnuero y Escalante.

Así lo anunció hoy el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, al término de la reunión de la Comisión, tras la cual los afectados consideraron que se tenía que haber trabajado "con más diligencia" ya que se ha "perdido un tiempo muy necesario" para sacar adelante una iniciativa que solvente la situación de los derribos.

En declaraciones a los medios, el portavoz de AMA (la Asociación de Maltratados por la Administración que engloba a los afectados por sentencias de derrumbe), Antonio Vilela, valoró no obstante la "unanimidad" de los miembros de la Comisión para que haya una solución para "todos" los afectados y se respete el patrimonio afectado "antes" de efectuar los derribos.

De hecho, aseguró que mañana mismo sus abogados se pondrán a trabajar para reclamar al Gobierno cántabro los daños patrimoniales derivados de todas las sentencias de derribo para que se tramiten "lo antes posible".

Tras recordar que existe un procedimiento administrativo por el que se puede empezar a reclamar, —porque las sentencias de derribo ya están dictadas—, Vilela explicó que se reclamará al Ejecutivo porque "tiene más medios" y porque los ayuntamientos se pueden declarar insolventes.

Según apuntó el portavoz de AMA, en este colectivo tienen "fundadas sospechas" de que el tema de los derribos "puede acabar en nada", es decir, que "después de tanto tiempo" se queden sin viviendas y sin el valor de las mismas, lo que sería una "injusticia tremenda".

En su opinión, si en el "plazo máximo de doce meses" no hay una solución, habrá "muchos derribos" en Cantabria, "derribos totalmente innecesarios"— lo que supondrá "dilapidar" cerca de "300 millones de euros", "una auténtica locura".

Tras indicar que en AMA están ya "cansados de dar consejos", el portavoz del colectivo insistió en que lo que demandan es que les paguen el valor de sus viviendas antes de los derribos y que se sienten las bases para evitar nuevos problemas en el futuro.

No mejoran el texto del gobierno

Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio explicó que aunque las propuestas planteadas por los ayuntamientos "no mejoran" el texto del Gobierno, se van a remitir todas a los grupos parlamentarios, ya que se valora el trabajo realizado y pretenden que "cada uno ponga su granito de arena".

En su opinión, las soluciones planteadas por los ayuntamientos "inciden en algunos aspectos que no deberían", ya que había "actuaciones muy directas" orientadas a "legalizar irregularidades".

Es más, el consejero aseveró antes de la reunión de la Comisión que el texto elaborado por el grupo de expertos, en el que han participado representantes de varios consistorios y de los propios afectados, no cumple los "mínimos imprescindibles" desde el punto de vista legal. En cualquier caso, las tres propuestas se remitirán finalmente a la Cámara.

De esta forma, se cierra el trabajo de la Comisión ya que no son partidarios de "alargar esto más". "No podemos seguir reuniéndonos y que esto se haga eterno", apuntó, a la par que reconoció que es "muy difícil" que haya consenso en este tema.

Preguntado por el número de viviendas con sentencia de derribo que podrían llegar a legalizarse en Cantabria, Mazón dijo desconocer "de memoria" la cifra exacta, pero indicó que "del orden de la mitad" (en los últimos años, los tribunales han dictado más de medio millar de sentencias de derribo en diferentes municipios de la región, la mayoría costeros).

"Hay urbanizaciones que parece lógico que no se derriben. Cualquier persona con sentido común puede ver que es una barbaridad demoler las viviendas del Pueblo del Mar, por ejemplo", manifestó el consejero. PARTICIPACIÓN

Mazón valoró por otro lado que en la búsqueda de una solución ha participado "todo el mundo". "Más participación no podemos dar", apostilló, al tiempo que trasladó el compromiso del Gobierno a tramitar los expedientes "lo más rápido posible".

También urgió a los ayuntamientos a que se den "prisa" y presenten sus respectivos planeamientos urbanísticos para adaptarlos "cuanto antes" a la ley. "Hay ayuntamientos que no se están moviendo lo suficiente", opinó.

Ni fracaso,

Ni éxito

Tras la reunión de la Comisión, los alcaldes no la tildaron de "fracaso", pero tampoco de "éxito". Así, el regidor de Arnuero, José Manuel Igual, consideró que se ha "avanzado", aunque también lamentó el tiempo que ha pasado y que se siga con "indefinición" en este asunto.

Según manifestó, la "pelota" está ahora en el Parlamento de Cantabria, por lo que confío en que finalmente haya una solución para que, si se tiene que derrumbar alguna vivienda, se pague antes a los afectados.

En la misma línea, el regidor de Argoños, Juan José Barreutabeña, lamentó que salieran del encuentro de hoy "sin solución", una solución que también confía en que se la den los tres grupos parlamentarios.

Durante la reunión de la Comisión, que estuvo precedida por otra del COTU (Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo), una veintena de afectados se concentraron a las puertas de la Consejería, portando pancartas en las que podía leerse 'No derribos' o 'Legalización'.