La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha aplazado hasta el 22 de noviembre el juicio contra el funcionario del Ayuntamiento de Santander acusado de realizar trámites a usuarios a cambio de una "compensación económica".

Este aplazamiento se debe a la renuncia de su abogado a representarle, por lo que la Audiencia le ha requerido a que, en el plazo de dos días, designe a un nuevo letrado, y ha decidido aplazar el juicio hasta el próximo 22 de noviembre.

Luis R.S. era un empleado del Ayuntamiento de Santander que pasó a ser encargado de la tramitación de los contratos de suministro de agua con la entidad concesionaria de este servicio, Aqualia, del Grupo FCC.

El Ministerio Fiscal le acusa de confeccionar cédulas de habitabilidad, realizando duplicados de otras ya existentes pero sustituyendo el nombre de los titulares.

La cédula era un trámite indispensable para la contratación del servicio, por lo que gracias a sus gestiones, los usuarios cuyas viviendas no tenían cédula pasaban a tenerla y así poder contratar el suministro del agua. A cambio, el acusado solicitó —y obtuvo— una "compensación económica" por el "favor" realizado, según describe el Fiscal.

El escrito del Ministerio Público detalla tres de estas operaciones, a cuyos beneficiarios entregó cantidades que oscilan entre los 300 y los 1.200 euros, que los particulares pensaban que se debían al pago de las tasas por la gestión.

El empleado del Ayuntamiento de Santander está acusado de un delito continuado de falsedad documental y de otro de cohecho, por los que se le piden penas de ocho años y diez meses de prisión, así como multas por un importe de 58.500 euros e inhabilitación para empleo público durante 15 años, además de indemnizar a los usuarios.