Así lo anunció hoy el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la junta general de jueces. Afirmó que existe entre los magistrados una "desmotivación" cada vez "más patente" puesto que saben que este recorte del Ejecutivo no va a repercutir tampoco en una mejor del servicio. "Se va a continuar con el ostracismo y el total olvido", lamentó.

En este sentido, incidió en que existe un "sentimiento generalizado de desánimo" tras las medidas acordadas en el Real Decreto Ley de 8/2010, "no sólo por el tema retributivo, sino porque se está diluyendo el tema relativo a la modernización de la Justicia", lamentó.

Aclaró en este punto que "estamos en tiempo muy graves, tenemos amigos o familiares que lo están pasando muy mal por la crisis económica, pero llevamos años reclamando una modernización en la Administración de Justicia, que se nos tenga en cuenta, y no se nos ha hecho ni caso", criticó.

Así, consideró "lamentable" que los jueces se encuentren "impotentes" para dar una respuesta judicial ágil a la sociedad, ya que "los poderes públicos siguen sin considerar como algo prioritario la Administración de Justicia".

Sin embargo, indicó que el funcionamiento ágil de los juzgados y tribunales "es un elemento que debería tenerse en cuenta incluso para reactivar la actividad económica, para que las reclamaciones de crédito funcionen con rapidez y los derechos de los trabajadores queden garantizados".

Señaló que en los últimos tiempos, los jueces han hecho varias peticiones, "pero siempre centradas en reclamar una mejora del servicio público, sin ninguna pretensión retributiva". "Lamentablemente, no hemos tenido respuesta, bueno sí, una, la del recorte de los sueldos".

"un adolescente con paga"

Ante esta situación, Viguer pidió que el poder judicial no dependa del poder del Estado, de su mayor o menor sensibilidad. "Somos como un adolescente que depende de la paga que le dan sus padres los fines de semana". "Ha llegado un momento en el que nos estamos planteando el por qué de esta dependencia económica del poder ejecutivo en materia de retribuciones, no sabemos por qué tenemos que cobrar del Ministerio de Justicia y no del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", dijo.

Así, anunció que los jueces se han planteado varias medidas, como la de ajustar la actividad ordinaria de juzgados en el volumen de carga de trabajo fijado por el CGPJ, "porque el sistema no puede estar descansando sobre los hombros de jueces y magistrados", aseveró.

También pidieron que se reforme o revise el régimen de incompatibilidades de jueces y magistrados, "porque nosotros, de lo único que podemos vivir es de la actividad jurisdiccional, y poco más", afirmó.

Junto a ello, plantearon buscar una forma de combatir, mediante las vías legales oportunas, las medidas acordadas por el Ejecutivo, interponiendo recursos en la vía contencioso-administrativa, e incluso sugiriendo el planteamiento de recursos o cuestiones de inconstitucionalidad.

Además, hicieron un requerimiento serio a las asociaciones judiciales para que "desde la unidad" defiendan con coherencia y contundencia, las inquietudes y pretensiones de jueces y magistrados.

Al ser preguntado por la posibilidad de hacer una huelga, indicó que en principio han solicitado a las asociaciones que no descarten ninguna medida, incluida la del paro, aunque, dijo, "ésta tiene que ser la última, después de haber intentado la legal o la vía del diálogo".