Así se mostró Prieto durante la presentación de la huelga de trabajadores públicos del próximo 8 de junio en un acto en el que también estuvieron el secretario regional de Comisiones Obreras, Ángel Hernández, y la responsable de CSIF en Valladolid, Carmen Llorente.

Concretamente, según confirmaron los representantes sindicales, en declaraciones recogidas por Europa Press, el día 8 de junio queda convocada una huelga en el sector público que irá acompañada de concentración a partir de las 20.00 horas en la plaza Fuente Dorada de Valladolid y frente a las subdelegaciones del Gobierno en el resto de las provincias.

De esta manera, Prieto recordó que Gobierno y sindicatos firmaron un pacto de cada al periodo 2010-2012 que ahora el Gobierno "dice que no vale". "¿De quién nos tenemos que fiar?", se preguntó, mientras que criticó que "si no valen los acuerdos es una falta de ética".

Por ello, Prieto hizo un llamamiento a los afectados por las medidas para que secunden la huelga y acudan a las concentraciones para protestar por un paquete que "ha ido muy lejos" y es un "ataque frontal" a los empleados públicos.

En este sentido, incidió en que es "inaceptable endurecer las condiciones" de los dependientes, jubilados y trabajadores públicos, frente a "la máxima" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de crecimiento y mantenimiento de servicios sociales. "La han roto", aseveró.

Además, Agustín Prieto aseguró que en un momento en el que la economía "se está recuperando" y en el que "se había vuelto a crear empleo", estas medidas pueden llevar a que España "vuelva a decrecer".

"no son unos privilegiados"

El secretario regional de UGT defendió que los empleados públicos, unos 175.000 en Castilla y León, "no son unos privilegiados" ya que son "magníficos trabajadores que están ahí", en la escuela, en la sanidad, en la Policía o en los cuerpos de Bomberos.

Así, se mostró como un "defensor a ultranza" de los servicios públicos que "son de calidad gracias a los trabajadores" del sector, de los que muchos "están próximos a los 1.000 euros" y la bajada "les va a afectar para llegar a final de mes".

Asimismo, Prieto criticó que el Gobierno "ha repercutido" en el gasto la necesitad de hacer un reajuste para reducir el déficit y "no ha hecho nada para ingresar más". En este sentido, reclamó que "quien gane más, que pague más", y pidió impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones que "no afectan al 95 por ciento de los trabajadores".

Por otro lado, el secretario regional de Comisiones Obreras, Ángel Hernández, apoyó lo dicho por su compañero y criticó el "durísimo plan de ajuste" del Gobierno, "impuesto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional".

"Parece que el Gobierno ante la imposición ha impuesto el Plan de Ajuste a los empleados públicos. La situación económica es grave pero estas medidas unilaterales no van a favorecer una mejor captación del problema por la ciudadanía", añadió.

Además, Hernández indicó que "según sea la respuesta de los empleados públicos así será la acción" del Ejecutivo central ya que el próximo año "será más duro" y el Gobierno "tendrá tentaciones de meter el cuchillo".

"la defensa de lo público es inexistente"

Asimismo, criticó las formas, que "son importantes", ya que hace cuatro meses se firmó un acuerdo y el Gobierno "se ha cargado la negociación colectiva y también el Pacto de Toledo". "La defensa de lo público es inexistente", continuó.

Así, Hernández aseguró que el Gobierno "quiere hacer aparecer como un insolidario" al funcionario, que es "el bombero, el policía, el maestro, el médico", quienes prestan servicios "para dar igualdad".

Finalmente, el secretario regional de CC.OO. criticó que los servicios mínimos "son una tomadura de pelo" puesto que los sindicatos siempre recurren lo que impone la Administración y ganan "nueve de cada diez" veces.

Por su parte, la responsable de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en Valladolid, Carmen Llorente, indicó que la huelga anunciada para el día 8 es una "medida difícil" aunque "no queda otra" puesto que, a su juicio, que haya que reducir los salarios o congelar el número de plazas de funcionarios para salir de la crisis "es una falacia".

De hecho, Llorente incidió en que en España "hay menos" empleados públicos que en el resto de Europa y éstos tienen un salario "más bajo". Además, las medidas adoptadas por el Gobierno "van a aumentar el agravio comparativo" entre administraciones.

Asimismo, la responsable de CSIF indicó que las medidas "deberían haber sido de ingreso", en vez de reducir el gasto, ya que "se podía" controlar la economía sumergida, revisar la exención de impuestos a premiados en loterías, eliminar la ayuda a la banca o reducir los 600.000 euros que se llevarán los jugadores de la selección española de fútbol si ganan el Mundial.

"Hay empleados públicos que forman parte de familias endeudadas", continuó Llorente, quien insistió en que la actitud pasiva por parte del cuerpo de trabajadores del Estado "puede llevar a interpretar" que es un "colectivo resignado al que se le puede pedir lo que se necesite".