En declaraciones a Europa Press, Ambrosio dijo que no tenía conocimiento previo de que Giménez, como publica en su edición de hoy 'ABC Córdoba', antes de ser delegada de Agricultura y después delegada de Obras Públicas de la Junta en Córdoba ya era propietaria, desde el año 2000, de una vivienda levantada en el entorno protegido del conjunto arqueológico de Medina Azahara.

En cualquier caso, Ambrosio quiso dejar claro que, respecto a las parcelaciones y construcciones ilegales del entorno de la antigua ciudadela califal del siglo X, la Administración autonómica va "seguir trabajando, reforzando los mecanismos que, desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba se pusieron en marcha, para reconducir algunas de las situaciones, sobre todo de carácter urbanístico, que están presentes en la zona del Plan de Especial Protección de Medina Azahara".

En este sentido, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba recordó que, "para eso se constituyó en su día una oficina técnica del conjunto de Medina Azahara, a la que han ido acudiendo particulares", a los que se ha ido "dando respuestas", en el marco del "análisis-diagnóstico de la situación, para poder aportar soluciones", pero, según subrayó dichas soluciones no serán del tipo de "café para todos, sino que se trata de conocer la situación de todos los vecinos de la zona y empezar a ofrecer soluciones", que pueden ser muy diferentes, según cada caso.

"no es legalizable"

Por su parte y también en declaraciones a Europa Press, el actual delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta en Córdoba, Francisco García, dijo desconocer si, efectivamente, su antecesora al frente de Obras Públicas posee una casa en la parcelación ilegal de Casilla del Aire, pero sí dejó claro que las casas construidas en esa zona "están fuera de ordenación" y, además, "no son legalizables" .

Es decir, las viviendas situadas en dicha urbanización "están sujetas a todas las limitaciones que, respecto a esta zona, prevén el Plan de Especial de Medina Azahara y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que significa que esas construcciones, a día de hoy, con la normativa existente, no son legalizables".