El alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), ha asegurado que "siempre" actúa en base a los informes de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento y que aprobó las licencias para la construcción de cerca de 300 viviendas en el municipio porque habían sido redactadas y firmadas por el secretario municipal.

Éste, por su parte, ha destacado que el regidor "se fió" de su "criterio" en la concesión de dichas licencias, que estaban "plenamente ajustadas a la legalidad" ya que él "nunca" vio un "informe desfavorable".

Ambos se pronunciaron en estos términos durante el juicio iniciado hoy en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander contra Pacheco por presunta prevaricación urbanística en la concesión, entre julio de 2003 y julio de 2004, de 18 licencias para la construcción de 290 viviendas en Piélagos, delito por el que inicialmente la Fiscalía pide dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el regidor.

El Ministerio público acusa al alcalde de haber concedido las licencias supuestamente a sabiendas de que vulneraban la normativa urbanística y pese a las advertencias del arquitecto municipal y los servicios jurídicos del Consistorio.

Sin embargo, Pacheco, que lleva 21 años al frente del Consistorio, defendió que las licencias son "un fiel reflejo" de los informes y expedientes técnicos en los que, según dijo, él no interviene, como tampoco interpreta las leyes y las sentencias. "No me corresponde a mi conocer las leyes que rigen el urbanismo", manifestó.

Así, al tiempo que reconoció que "la mayoría de las veces" no lee los informes porque confía en los técnicos, aclaró que se limita a aprobar y conceder licencias cuando hay un informe favorable. "Apruebo las licencias en base a un decreto del secretario municipal", apostilló. No obstante, admitió que sabía que existían "discrepancias" entre los técnicos sobre la clasificación del suelo urbano del ayuntamiento.

Y es que, por un lado, el secretario y el letrado del Ayuntamiento consideraban que se pueden dar licencias de construcción en terrenos calificados como urbanos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) —que fue aprobado en 1986 y revisado en 1993—, aunque no cuenten con todos los servicios necesarios (saneamiento, alumbrado, pavimentación, etcétera). Algo con lo que, sin embargo, no estaban de acuerdo un técnico jurídico y uno de los dos arquitectos municipales.

Este último, que declaró como testigo en el juicio, señaló que todas las parcelas afectadas carecían de saneamiento y, además, el resto de servicios eran "deficitarios". En consecuencia, advirtió en sus informes de que el suelo no reunía las condiciones para ser declarado como urbano y abogaba por que no se otorgaran licencias de construcción.

Asimismo, avisaba de que las licencias podían ser anuladas si se recurrían, ya que había "precedentes claros" en el municipio. Se refirió así a varias sentencias relacionadas con la materia, en especial a una dictada en octubre de 2002 por el Tribunal Supremo (TS) en la que se advertía de una interpretación errónea en la clasificación del suelo urbano.

El arquitecto añadió en este sentido de que si antes de 2003 no había ninguna advertencia de este tipo es porque tampoco había ninguna sentencia al respecto.

Plenamente legales

Por su parte, el que fuera secretario municipal entre 2003 y 2004, —que también declaró en el juicio como testigo—, aseguró que el alcalde "se fió" de su "criterio". "Para ser alcalde en este país no hay que ser licenciado en Derecho ni experto en Urbanismo", opinó, al tiempo que defendió las licencias, que a su entender estaban "plenamente ajustadas a la legalidad". "Yo no formularía objeción alguna", sentenció.

En la misma línea, el letrado del Ayuntamiento en el momento de los hechos y actual secretario consideró que las licencias son "absolutamente correctas" y que "el alcalde se fía de sus técnicos. Ve la firma del secretario y firma", resumió.

También manifestó que el regidor "no puede saber nada" acerca de la clasificación del suelo y la interpretación de las normas ya que ni siquiera "nos ponemos de acuerdo nosotros (los técnicos)".

Así, en su relato ante la juez, resaltó la "disparidad de criterios" en la interpretación de las normas y sentencias ya que, por ejemplo, existen sentencias firmes sobre parcelas colindantes que señalan "lo contrario" unas de otras, pese a que dos fincas vecinas "no pueden tener distintos servicios".

Frente a ello, el técnico de los servicios jurídicos en los años 2003 y 2004 opinó que el "meollo de la cuestión" es la sentencia condenatoria del TS que plantea la nulidad del PGOU y que apunta también la posibilidad de suspender las licencias, lo que a su juicio era "la mejor opción".

Reorganización en el reparto de competencias

Durante el juicio, acusado y testigos se refirieron a una providencia dictada en 2003 por el propio alcalde por la cual se reorganizaba el reparto de competencias en los servicios técnicos debido a un exceso de trabajo en los mismos y a partir de la cual las labores de planeamiento pasaron a depender del arquitecto al ingeniero.

En este sentido, el arquitecto explicó que la providencia se produjo después de que diera su criterio en contra de la tramitación de planes como el del Alto del Cuco.

Sin embargo, el alcalde aseguró que la medida era "únicamente" para que el arquitecto "se dejase de criterios personales", extremo que éste negó. "Cuando hago un informe no emito nunca una opinión personal. Estoy al servicio del Ayuntamiento, no del alcalde", aseveró.