La nueva Ley del Suelo busca compatibilizar el acceso a una vivienda digna y luchar contra la especulación

El PP exige una modificación que sea "fiel reflejo" de las necesidades y el PSOE destaca el "consenso" alcanzado

El proyecto de Ley de Modificación de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura continúa su tramitación parlamentaria en la Asamblea tras la superación hoy del debate de totalidad —-con el apoyo del Grupo Socialista (PSOE-Regionalistas) y el Grupo Popular (PP-Extremadura Unida)—.

El consejero de Fomento de la Junta, José Luis Quintana, señaló en su intervención en la Cámara que la modificación de la norma busca una nueva ordenación del territorio "haciendo compatible" los objetivos "claros" de garantizar el acceso a una vivienda digna y luchar contra la especulación.

El proyecto de ley viene a modificar la normativa vigente motivado por las actuales circunstancias económicas y persigue la adaptación a la legislación estatal, la aclaración de las disposiciones relativas a los proyectos de interés regional (PIR), una simplificación del urbanismo y el cumplimiento de los compromisos en cuanto a reserva para viviendas protegidas y de segunda residencia.

Quintana destacó que la nueva ley es "fruto del máximo consenso" entre otros organismos y colectivos ya que se ha llevado a la mesa de Diálogo Social de Extremadura y se ha dado audiencia a colegios profesionales y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.

Explicó que la adaptación al marco legal determina las modificaciones relativas a la participación pública de los ciudadanos y para dotar de mayor agilidad a los instrumentos de planeamiento. Además, se amplía el sistema de reserva de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas, que la ley estatal establece en el 30 por ciento de la edificabilidad, hasta el 40 por ciento.

La diputada del PP Teresa Bravo señaló que esta modificación es una "reforma larga" que viene "del año 2006" para modificar la normativa vigente que "no cubrió" las expectativas. Reclamó que la nueva ley tenga en cuenta la realidad de Extremadura y sus características para que sea un "fiel reflejo" de las necesidades de la región.

Bravo avanzó que los 'populares' admiten a trámite el proyecto de ley de modificación que, según dijo, responde a una coyuntura económica que hace "necesaria" esta reforma e insistió en que hay que hacer una "buena y completa ordenación" de la legislación urbanística en la comunidad autónoma que recoja "todas las aportaciones" de grupos políticos y sectores.

Por su parte, el diputado del PSOE Valentín García consideró que se trata de una "modificación de calado" que ha sido "muy consensuada" y valoró que uno de sus objetivos sea la simplificación del urbanismo reduciendo "considerablemente" la burocracia, pero "no" los derechos y las regulaciones.

Así mismo, García subrayó que la principal consecuencia de la modificación tiene que ver con un "renovado esfuerzo" por facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda con una reserva del "40 por ciento como mínimo" del suelo destinado a vivienda protegida.

Pir y simplificación del urbanismo

En su exposición en la Cámara autonómica, el titular de Fomento se refirió a la conveniencia de ampliar el campo de aplicación de los proyectos de interés regional (PIR) y adecuarlo a la interpretación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en cuanto a las competencias y posibilidades de actuación.

En este sentido, se pretende que puedan ejecutarse mediante este instrumento proyectos alejados de los núcleos urbanos, asociados al fomento del interés turístico, de ocio, deportivo o similares, de interés para la comunidad autónoma.

Por otro lado, se realiza una "simplificación" del urbanismo en cuanto a tramitación de planes generales municipales y se establece un régimen específico más sencillo para poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Además, se permitirá a los municipios que carezcan de instrumento de planeamiento que puedan incrementar suelo urbanizado reclasificándolo para implantar pequeños polígonos industriales o a través de un plan especial de ordenación.

Quintana añadió que se permite eximir o atemperar el estándar de aparcamientos públicos en suelos industriales de grandes dimensiones y se suprime la densidad máxima de viviendas por hectárea, limitando sólo la edificabilidad en función del número de habitantes del municipio, lo que permite al promotor "adecuar mejor" la promoción y las características de la vivienda a la demanda real.

Bolsas para segunda residencia

Ante la existencia de urbanizaciones "clandestinas" realizadas en su momento al margen de la legalidad vigente, se busca su regulación con la creación de bolsas de núcleos de segunda residencia, que permitirá a los ayuntamientos establecer núcleos aislados residenciales, previa Declaración de Viabilidad por parte de la Junta.

Como último objetivo se contempla la adopción de medidas para la "optimización" del suelo no urbanizable y entre las principales novedades que se incorporan en el proyecto de ley destaca que las viviendas que se construyan en el suelo no urbanizable abonarán un canon urbanístico.

En el caso de rehabilitación de edificaciones tradicionales, como antiguos secaderos, molinos u otras vinculadas al uso agrícola, que se pretendan destinar a viviendas o usos hosteleros, la parcela mínima exigida se ajustará a la superficie real de la finca en que se sitúe "favoreciendo" la creación de infraestructuras de ocio que generan riqueza y empleo.

Además, se prevé la excepción de la superficie mínima de parcela y regular por zonas geográficas para la implantación de edificaciones agrícolas o ganaderas, como las casetas de aperos.

Con todo esto, Quintana subrayó que este proyecto de ley está dirigido a lograr la simplificación y mejorar la modernización de la legislación procurando estar "al servicio de los ciudadanos, de la sociedad y de la recuperación económica". "Con la modificación de esta ley, Extremadura vuelve a posicionarse como una comunidad autónoma que va por delante de las políticas de urbanismo en nuestro país", recalcó el consejero, quien además señaló que "nadie puede creer" que "por simple casualidad" el precio de la vivienda en Extremadura sea más barato que en el resto de España.

Política "errática"

La diputada del PP Teresa Bravo criticó en su intervención la actual Ley del Suelo de Extremadura porque "no" logró consenso y ha supuesto "el mayor caos imaginable" en cuanto a seguridad jurídica, confianza y desarrollo territorial homogéneo, lo cual atribuyó a la "política errática" de responsables políticos en materia de vivienda.

Bravo explicó que a su grupo le "gusta la idea" de reformar la ley del suelo por que "hacía falta" que se adaptara la normativa a la realidad inmobiliaria, social y económica de la región, a lo que añadió que los 'populares' harán sus aportaciones al proyecto de ley para "mejorar" la norma.

Finalmente, lamentó que esta modificación responde "a unas imposiciones" lo cual consideró que "es triste", y a "un programa socialista, que no se cumple", ya que, como apuntó, el PSOE contemplaba en su programa destinar el 50 por ciento de suelo a la vivienda protegida.

Modificación "de calado"

El diputado del PSOE Valentín García consideró que se trata de una "modificación de calado" que introduce "mejoras" y añadió que espera "encontrar" en la discusión de enmiendas al proyecto de ley "alguna enmienda del Partido Popular que eleve ese mínimo del 40 por ciento" de suelo destinado a vivienda protegida.

García dijo además que esta reforma permitirá seguir facilitando viviendas a familias que lo necesitan "hoy y en el futuro" y será "instrumento" para "poner en valor y desarrollar" el Pacto Social y Políticos de Reformas por Extremadura.

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